La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27795) celebra el primer aniversario de incumplimiento desde su sanción e inmediata suspensión. A lo largo de doce meses, el Poder Judicial le dio la razón en reiteradas oportunidades al reclamo realizado por las casas de altos estudios. El gobierno no sólo está obligado a actualizar el monto de las becas y los salarios, sino que un fallo de primera instancia determinó que el accionar del Poder Ejecutivo es inconstitucional y debe cumplir la Ley. Aunque los funcionarios deberían ser sancionados, desde Casa Rosada siempre encuentran algún recurso legal o un tribunal que los salva. Para tomar dimensión, cuando el juez Martín Cormick aplicó una multa diaria de 100 mil pesos para el jefe de gabinete Diego Santilli, la medida duró menos de 24 horas. Con la firma de un magistrado que viajó en la comitiva del presidente al “Argentina Week” celebrado en París, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal frenó la medida.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que Argentina terminará por tercer año consecutivo con uno de los gastos públicos en Educación Superior más bajos de América Latina. Como si fuera poco, el presupuesto general para Educación proyectado por el gobierno para 2027 es el más bajo de la historia.
Según el último informe de la Federación de Docentes de las Universidades y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002. En dos años y diez meses de gestión, los sueldos aumentaron 108 puntos menos que la inflación oficial medida por el Indec. Para volver a los niveles de noviembre de 2023 y cumplir la Ley, el gobierno debe incrementarlos un 32 por ciento. Asimismo, las becas Progresar se encuentran congeladas hace dos años en 35 mil pesos y deberían aumentar casi un 100 por ciento.
Mientras tanto, el dinero para gastos de funcionamiento ni siquiera alcanza a cubrir los servicios básicos en algunas instituciones y no hay presupuesto para infraestructura y extensión. Además, los hospitales universitarios atienden cada vez más gente, pero tienen cada vez menos recursos. Al mismo tiempo, los laboratorios funcionan muy por debajo de sus capacidades y la precarización de los docentes, además de los más de 10 mil que renunciaron, deteriora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
La próxima discusión está enfocada en el Presupuesto 2027. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional pide 11 billones de pesos para funcionar con normalidad y cumplir la Ley, el gobierno proyecta poco más de 7 billones. De aprobarse esta cifra, el ajuste sobre las instituciones se profundizará todavía más. Con la excusa del equilibrio fiscal, el Poder Ejecutivo argumenta que cumplir con el pedido del CIN alteraría las cuentas públicas. No obstante, un informe de la consultora Zentrix desmiente ese relato y advierte que la diferencia puede pagarse con dinero que está dentro del propio Presupuesto.
En este sentido, el proyecto 2027 contempla casi 6 billones de pesos sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. “Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlo a las universidades no modificaría el resultado final que proyecta el gobierno nacional”, destaca el documento. Por lo tanto, se puede entrever, la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario responde a razones políticas.
El camino judicial
La Ley de Financiamiento Universitario fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. Ese mismo día, el presidente suspendió su aplicación y los rectores acudieron a la Justicia. Por un lado, el CIN solicitó una medida cautelar para el cumplimiento de los artículos 5 y 6, destinados a actualizar las becas y los salarios. Tras varios fallos, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio de 2026 el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y falló a favor de las universidades.
Luego de dos advertencias por incumplimiento, el 14 de octubre el juez Martín Cormick le impuso una multa económica de 100 mil pesos diarios a Diego Santilli, equivalente al 0,0098 por ciento de su patrimonio declarado en dólares. A pesar de que desde el Consejo evaluaron que la sanción se quedaba corta, la medida duró menos de 24 horas. En este aspecto, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la decisión de Cormick. De este modo, a casi cuatro meses del dictado de la Justicia, la Casa Rosada sigue sin acatar el fallo y sin consecuencias a la vista.
Más allá de la cautelar sobre los artículos 5 y 6, también se encuentra en la Justicia la decisión de fondo, que abarca a toda la Ley. A casi un año de la presentación, el 6 de octubre la Justicia declaró que la suspensión de la norma es inconstitucional y que “el Decreto no supera un test mínimo de razonabilidad”. Como se trata de un fallo de primera instancia, el gobierno apeló el fallo y todavía no hay una resolución final.
Frente a un Poder Ejecutivo que debilita los mecanismos democráticos y pasa por encima de los otros dos poderes del Estado, la pregunta que se hacen todos es cómo revertir la situación. Las miradas difieren incluso al interior de cada sector, ya que el panorama es crítico y no parece haber luz al final del túnel. Mientras algunos reclaman un paro por tiempo indeterminado, otros señalan que una medida de ese tipo solo reforzaría el discurso del gobierno y pondría a los estudiantes en contra de las universidades.
Las medidas de fuerza y las discusiones se terminarían si el gobierno cumple la Ley. Sin embargo, la estrategia del Poder Ejecutivo consiste en dividir a la comunidad universitaria y generar peleas en su interior. Mientras tanto, continúa con la destrucción de las casas de altos estudios y sigue firme en su batalla cultural, donde las universidades públicas, la ciencia y la producción de conocimiento son su mayor enemigo.
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