Más de un millón de personas se movilizaron en todo el país en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. A 360 días de su suspensión, la comunidad educativa realizó la quinta Marcha Federal. La protesta no solo estuvo ligada a la cuestión presupuestaria, sino al lugar que ocupan estas instituciones en el desarrollo de Argentina, y que el gobierno nacional quiere reducir al mínimo. A pesar de las advertencias del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir con los artículos 5 y 6, destinados a la actualización de los salarios y las becas. Si bien el juez Martín Cormick le impuso una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, que implicaba el 0,0098 por ciento de su patrimonio declarado en dólares, y que para el Consejo Interuniversitario Nacional era insuficiente (CIN), el castigo duró menos de 24 horas. En este sentido, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal frenó la medida y pausó la sanción contra el funcionario. Mientras tanto, la situación de las universidades nacionales es cada vez peor y su funcionamiento para 2027 está en duda.
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, la rectora Alejandra Zinni detalla: “La situación del sistema universitario es complicada, pero seguimos resistiendo con el esfuerzo de todos los trabajadores y las trabajadoras. Esperamos que la Ley de Presupuesto 2027 refleje realmente lo que necesitamos las universidades públicas para seguir funcionando”.
En esta línea, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, cuenta en conversación con la Agencia: “El sistema universitario se está desangrando y pierde trabajadores todos los días. Tenemos instituciones que no pueden pagar los servicios básicos y que tienen que limitar el horario de sus bibliotecas. Como si fuera poco, los estudiantes no se pueden anotar en las materias que necesitan cursar porque faltan docentes e infraestructura. Este desmantelamiento es resultado de la planificación de un gobierno que decidió atacar a la universidad pública desde que asumió”.
Si bien desde el Consejo Interuniversitario Nacional esperaban la aplicación de multas económicas contra los funcionarios del gobierno por el incumplimiento de la cautelar que obliga a actualizar becas y salarios, la elección solo de Diego Santilli con un monto de 100 mil pesos por día, el 0,0098 por ciento de su patrimonio declarado en dólares, dejó gusto a poco. Incluso, mientras se realizaba la marcha, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuó con velocidad y suspendió la aplicación de la multa. De esta manera, la presión mínima sobre el Poder Ejecutivo duró menos de 24 horas.
Ante esta situación, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, resaltó: “A los funcionarios que desacatan las órdenes de la Justicia no solo hay que aplicarles multas, sino también iniciarles denuncias penales. Asimismo, hay que iniciarle un juicio político al presidente de la Nación por incumplir la Ley. En vez de gastar tanta plata en el operativo policial de hoy, que destinen ese dinero a las universidades”.
Por su parte, el secretario general de Fatun (la federación que nuclea a los trabajadores no docentes), Walter Merkis, añadió en conversación con la Agencia: “Un gobierno que no cumple la ley es un grave riesgo para la democracia. Ellos mienten de forma permanente, pero nada de lo que proponen cambia este plan económico que es un fracaso y que solo está hecho para los que más tienen. Nosotros seguiremos en las calles hasta que nuestro reclamo se escuche”.
Así las cosas, el gobierno adeuda una suba del 33,4 por ciento para los trabajadores y un aumento cercano al 100 por ciento para las becas Progresar. “Muchas veces la discusión se centra en los salarios, pero las becas están congeladas desde septiembre de 2024 en 35 mil pesos. Con esa plata no llegas a cubrir ni siquiera un boleto para ir y volver de la facultad. Es una vergüenza”, subraya Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, ante la Agencia de la UNQ.
Por su parte, luego del triunfo en el Congreso y en los Tribunales, el secretario de Políticas Universitarias reapareció tras varios meses de silencio y retomó el discurso de siempre: que el gobierno nacional cumple con la cautelar, que actúa a derecho y que las casas de altos estudios no se dejan auditar. Mientras tanto, según datos del CIN, Argentina terminará por tercer año consecutivo con uno de los gastos públicos en Educación Superior más bajos de América Latina y el presupuesto general para Educación presentado por el gobierno para 2027 es el más bajo de la historia.
Últimas noticias de la sección Política:
Marcha Federal Universitaria: movilizaciones masivas en todo el país contra el ajuste del gobierno
La ESI celebró sus 20 años pese a los ataques y recortes del gobierno nacional
Declaran inconstitucional el decreto que suspende la Ley de Financiamiento Universitario y ordenan su cumplimiento inmediato
Tratado de Patentes: cómo podría elevar el precio de los medicamentos y poner en riesgo la producción nacional
Impunidad absoluta: el gobierno incumplió la orden judicial y continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
A la tecnología la frenan con más tecnología: lanzan una herramienta que limita las acciones de los agentes de IA autónomos
En el debate sobre inteligencia artificial en la ONU, Trump y Milei quedaron solos contra el mundo
