Mientras el gobierno no cumple la Ley de Financiamiento, la gran mayoría de los docentes y nodocentes cobran por debajo de la línea de pobreza.

El gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y, en su lugar, propone otro proyecto que empeora la situación.

Especialistas alertan que la falta de ingresos estables recorta investigación, debilita el acompañamiento al estudiante y pone en jaque la continuidad académica.

Aunque en los últimos días el gobierno comunicó el otorgamiento de una suma de 53 mil millones de pesos extra para las instituciones, la cifra es ínfima.

A través del presupuesto 2026, el oficialismo buscará eliminar la norma sancionada de forma reciente en el Congreso.

Los rectores plantean que debe haber una partida para la educación pública ya que se trata de un mandato constitucional.

La iniciativa se decidió luego de que el gobierno suspendiera la aplicación de la norma.

Con 58 votos a favor y 7 en contra, le ganaron la pulseada al gobierno, que debe promulgar la normativa. Aún así, el panorama es de incertidumbre.

“La prioridad de este gobierno es el capital humano”, dijo Milei. Las Casas de Altos Estudios reclaman 7,3 billones para funcionar.

El proyecto de Ley deberá volver al Congreso y la comunidad educativa prepara una nueva Marcha Federal.

El Senado aprobó una nueva Ley de Financiamiento para las casas de estudio. Además, rechazó los decretos que desguazaban el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El salario quedó casi 100 puntos debajo de la inflación desde diciembre de 2023.