El gobierno nacional tiene los minutos contados y, al presente, le quedan apenas unas horas para aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27795). En este sentido, un nuevo fallo del juez Martín Cormick publicado el 22 de septiembre lo obliga a actualizar el monto de las becas y los salarios antes del 1 de octubre. De lo contrario, se elevarán multas económicas sobre el Poder Ejecutivo o sobre los funcionarios responsables de aplicar la norma. Sin embargo, las expectativas no son las mejores y se aguarda que desde la Casa Rosada apelen la decisión de la Justicia para seguir incumpliendo la Ley sancionada hace 339 días.
Mientras tanto, las paritarias convocadas por la secretaría de Educación se transforman en decisiones unilaterales. Frente al aumento aproximado del 33 por ciento que exige la Ley 27795 para los trabajadores de las casas de altos estudios, la suba determinada por los funcionarios fue del 3 por ciento. Además de la lucha que encabeza el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante la Justicia, el Frente Sindical Universitario intimó al gobierno para que pague lo adeudado antes de octubre. Ante este escenario, se espera que la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre sea multitudinaria.
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, afirma: “Estamos esperando a ver qué hace el Poder Ejecutivo. Ojalá la decisión sea la que corresponda y cumpla con la Ley. Estamos repitiendo hasta el cansancio algo que debería ser obvio y razonable en cualquier parte del mundo, pero acá no hay garantías de que así sea. Por eso, estamos atentos para ver cómo seguimos”.
Y agrega: “Además de las declaraciones en los medios, el subsecretario de Políticas Universitarias dijo en la última reunión paritaria que iban a hacer lo que diga la Justicia. Entonces, espero que cumpla con su palabra. La situación es muy delicada si ni siquiera podemos confiar en los compromisos asumidos”.
Si no actualiza las becas y los salarios antes del 1 de octubre, la Justicia impondrá multas económicas sobre el Poder Ejecutivo o sobre sus funcionarios. Aunque el monto no está definido y es Martín Cormick quien debe hacerlo, sí debe tener en cuenta la capacidad económica de cada actor. Además, esa cantidad podría aumentar a medida que pasen los días y el gobierno siga sin aplicar los artículos 5 y 6. No obstante, la cifra sería menor al 25 por ciento del sueldo de cada funcionario. Sin embargo, el gobierno nacional no está dispuesto a cumplir la Ley y se espera que realice una nueva apelación para suspender la decisión del juez.
Si cumpliera con la orden, la subsecretaría de Políticas Universitarias debería aumentar los salarios alrededor de un 33 por ciento y las becas Progresar entre 90 y 100 por ciento. Según un informe de la Federación de Docentes de las Universidades y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta agosto de 2026, en dos años y nueve meses de gobierno, la inflación acumuló un alza del 336 por ciento. En el mismo período, los salarios en las universidades nacionales aumentaron un 226,8 por ciento. De esta manera desde noviembre de 2023 acumulan un deterioro de 109 puntos porcentuales.
Por eso, además de la pelea que encabeza el CIN en la Justicia, el Frente Sindical Universitario intimó al gobierno nacional para que abone la recomposición salarial del 33 por ciento antes del 30 de septiembre. En el caso de que no lo hagan, los representantes de las federaciones formularán denuncias penales por incumplimiento sobre cada funcionario responsable. Ante el hartazgo de la situación, ya hay algunos sindicatos de docentes que votaron paro por tiempo indeterminado, hasta que se cumplan los artículos 5 y 6.
La madre de todas las batallas
Al mismo tiempo, el otro foco de la disputa está en el presupuesto 2027 para las universidades. En el último plenario de autoridades, rectores y rectoras acordaron solicitar 11 billones de pesos para el año que viene, un monto que contempla la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el proyecto del gobierno para las universidades nacionales es de 7 billones de pesos. Por eso, el CIN tendrá reuniones con gobernadores y legisladores, con el objetivo de torcer el rumbo y lograr un presupuesto acorde.
Para tomar dimensión, un informe elaborado por la Universidad Nacional del Litoral estima que el financiamiento destinado a las universidades nacionales acumularía en 2027 una caída real del 27 por ciento respecto de 2023. “Si no logramos introducir modificaciones sustantivas al proyecto de presupuesto que llevó el Ejecutivo al Congreso, será muy difícil que arranquemos el año que viene. No vamos a dejar parado un edificio que proyectamos, directamente no vamos a poder pagar el agua, la luz y el gas”, subraya Bartolacci.
Frente a este panorama, se espera que la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre en todo el país sea multitudinaria.
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