El gobierno nacional se encamina hacia los 400 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En este marco, los sindicatos definieron nuevas jornadas de paro y visibilización del conflicto. Incluso, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Marcha de las Velas bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”. De acuerdo a las últimas cifras, el sueldo de los trabajadores debe aumentar un 32 por ciento y las becas Progresar casi un 100 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023. Aunque el Poder Judicial obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con ambas cuestiones referidas los artículos 5 y 6, desde Casa Rosada se negaron. Al mismo tiempo, el gobierno piensa extender el conflicto mediante el Presupuesto 2027, donde ofrece casi 4 billones de pesos menos de lo que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional para el funcionamiento de las instituciones el año próximo.
Para analizar las implicancias del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes dialogó con Guillermo Cony, vicedecano de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Moreno.
–¿Cómo impacta en la institución el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario?
–La restricción presupuestaria que tenemos es la mayor dificultad que estamos atravesando como Universidad. Sin embargo, la Ley es solo una arista del conflicto con el gobierno.
–¿En qué sentido?
-El presupuesto es la expresión de una política de reducción y destrato del gobierno nacional hacia las universidades. Incluso, hay una subestimación del poder transformador que tienen. De hecho, cada vez que nuestras autoridades tienen que llevar adelante alguna audiencia con el Estado nacional, se encuentran con un permanente maltrato simbólico por parte de los funcionarios. Siempre cuestionan los pedidos que realizamos, las carreras y la cantidad de estudiantes que tenemos, pero nunca nos dan la posibilidad de explicarlo.
–El Poder Ejecutivo se niega a aplicar los artículos 5 y 6 destinados a becas y salarios, y pareciera que no hay ninguna sanción. ¿Qué análisis hace usted al respecto?
-Hay una anomalía grave del sistema republicano, representativo y federal de gobierno. La cosa más elemental es que el Congreso dicta las leyes, el Poder Ejecutivo las cumple y el Poder Judicial las controla. Sin embargo, acá se produjo una ruptura y el gobierno nacional intentó de todas las formas posibles hacer trampa. Y eso es grave.
–Algunos analistas utilizan la situación que atraviesa la Ley para graficar el deterioro del sistema democrático y la división de poderes. ¿Qué consecuencias puede dejar este accionar del Poder Ejecutivo?
-El siglo XXI está marcado por los liderazgos que rompen con las leyes y las instituciones, donde se podría enmarcar Javier Milei. La pregunta es si tenemos una democracia lo suficientemente robusta como para que sobreviva a este fenómeno y de una respuesta acorde. Si bien hasta ahora lo hizo, fue con mucho trabajo y sufrimiento. Estamos muy al límite. Si esta Ley no se cumple por algún artilugio más, el sistema democrático habrá quedado en falta. Y cuando un sistema no funciona, es muy grave para todos porque produce la ruptura.
–¿Confía en los integrantes del Poder Judicial que están involucrados en la causa?
-Confiamos mucho en Martín Cormick, el juez que intervino en primera instancia. A su vez, salvo cuando suspendieron la multa contra Diego Santilli, también confíamos en los integrantes de la Cámara. La aplicación de la Ley no es una cosa menor ni es abstracta. La comunidad universitaria sufre mucho la pérdida del poder adquisitivo.
–Sin embargo, a raíz de este y otros casos como el de Libra, hay un manto de duda y de pérdida de credibilidad en el Poder Judicial…
-Es cierto que hay algunos procesos judiciales que nos desalientan, porque pareciera que la Justicia solo se ocupa de determinadas cuestiones y de otras no. Pareciera que solo algunos delitos son graves y otros no. Estamos en un momento muy difícil donde hay muchas agresiones y un clima institucional de destrato hacia la comunidad universitaria. La pelea no es solo por el presupuesto, sino por el lugar que ocupan las universidades en el debate público.
–¿Ve un desenlace positivo para las universidades?
–El conflicto va encaminado a solucionarse. No hay ningún argumento que valide la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Siempre enseñamos que las personas pueden estar en contra o a favor de las leyes, o que les pueden gustar más o menos. Pero son leyes, y el gobierno nacional tiene la obligación de cumplirlas. Además, esta norma no se votó de medianoche a escondidas, sino que se aprobó varias veces y hasta superó un veto presidencial. La última palabra la debe tener el Congreso, no el presidente de la Nación.
-Y si el gobierno cumpliera con la Ley, ¿qué cambiaría para las universidades?
-Sería un gran avance, porque nos permitiría sacar la cabeza y respirar tranquilos. Sin embargo, no es lo único que necesitamos, porque la comunidad universitaria requiere desarrollos científicos, convenios e investigación. Hoy, eso está totalmente desalentado por parte del gobierno nacional.
Joven y robusta
–Si tuviera que definir a la comunidad que forma parte de la Universidad Nacional de Moreno, ¿qué diría?
-La Universidad Nacional de Moreno tuvo su primer cuatrimestre en 2011 y fue una sorpresa porque hubo mucho entusiasmo. Hasta el día de hoy, cada vez que hay inscripciones para las carreras hay una afluencia de gente que quiere estudiar, que quiere progresar, y que toma a la educación como un compromiso muy fuerte. Eso generó una comunidad muy rica donde se comparten los valores y se reconoce el esfuerzo que hacen tanto los estudiantes como los trabajadores de la institución. Aunque no siempre es posible mantener el ritmo por el contexto desfavorable, seguimos hacia adelante con el esfuerzo de las autoridades, los docentes y los no docentes.
–A lo largo de 15 años, la institución atravesó dos procesos de recortes presupuestarios y de ataques simbólicos. Incluso, hasta la gobernadora bonaerense había cuestionado la apertura de universidades en el conurbano.
-Esas palabras se tomaron como una afrenta. En nuestra Universidad, la mayoría de los alumnos es la primera generación de sus familias y lo hace con un compromiso muy fuerte. A pesar de los golpes que recibimos, tenemos una comunidad sólida.
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