La Ley de Educación Sexual Integral (ESI, Ley 26.150) celebró los 20 años desde su sanción. La norma, que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos según las edades de los estudiantes, es obligatoria para todos los establecimientos de gestión privada y pública. A lo largo de dos décadas, su impacto puede traducirse en cifras concretas. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 80 por ciento de los niños y adolescentes víctimas de abuso pudo contarlo después de una clase vinculada a la ESI. A su vez, junto a otras políticas como el Plan Enia, su aplicación en las escuelas fue clave para la reducción del embarazo adolescente, cuya tasa descendió casi un 60 por ciento entre 2014 y 2022. Incluso, una encuesta de Unicef destaca que le permitió a más de la mitad de los estudiantes identificar situaciones de violencia entre pares.
En diálogo con “Al borde del precipicio”, el programa de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Mariela Carassai, directora del Diploma en Géneros, Feminismos y Derechos Humanos de la UNQ, señala: “Cuando estamos en el territorio nos damos cuenta de que la ESI es muy significativa para muchas personas. Con el proyecto de extensión “De sexo sí se habla” vamos a escuelas de Quilmes, Berazategui y Varela, y trabajamos con problemáticas que nos marcan las propias instituciones. Después de los encuentros, los estudiantes y los docentes nos dicen que pudieron problematizar alguna situación que vivieron a partir de la charla”.
A pesar de su impacto positivo en múltiples aspectos, la ESI fue cuestionada a lo largo de sus 20 años por distintos sectores que exigían su derogación y repetían palabras como adoctrinamiento y perversión. En la actualidad, algunos de estos grupos hablan de ideología de género o de “agenda woke” e integran el Poder Ejecutivo. Bajo el paraguas de la batalla cultural, el gobierno nacional se dedicó a desarticular los instrumentos que permiten la aplicación de la Ley.
Para tomar dimensión, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé una caída del 98,5 por ciento sobre lo ejecutado en 2023 para la ESI. A su vez, la capacitación docente se derrumbó en menos de tres años. Mientras que en 2023 la meta era formar a 65 mil docentes, en 2024 esa cifra se redujo a 900 y en 2025 no hubo capacitaciones.
Aunque el Poder Ejecutivo intenta vaciar la Ley, Carassai destaca que la ESI está más viva que nunca en las escuelas: “Por más que haya discursos de odio que intentan defenestrar a la Ley, las mismas instituciones reconocen toda la potencialidad que tiene la Educación Sexual Integral. Incluso, recibimos llamados de colegios que en otras épocas era impensado que trabajen con este enfoque y los talleres que hacemos tienen cada vez más demanda”.
A su vez, ante el retroceso de derechos y los ataques simbólicos que se sucedieron desde diciembre de 2023, se conformó el “Movimiento Federal XMásESI”. Compuesto por especialistas y militantes de distintos campos, el proyecto elaboró un repositorio para resguardar el material elaborado desde la sanción de la Ley en octubre de 2006. “Se trata de materiales que responden a los lineamientos de la ley, que garantizan la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, y al corpus normativo de ampliación y restitución de derechos sancionado en nuestro país en los últimos años”, señalan sus integrantes.
A 20 años de su sanción, la Ley de Educación Sexual Integral resiste gracias al trabajo de miles de docentes, educadores, talleristas y militantes que la sostienen en espacios de educación formal y no formal. “Estaría bueno que pensemos en una norma superadora que sea más permeable a las disidencias sexogénericas y que contemple nuevas problemáticas que surgieron en estas dos décadas. No obstante, en este contexto donde nos quieren quitar derechos, tenemos que defenderla y volver a visibilizar su importancia”, subraya la docente e investigadora de la UNQ.
Últimas noticias de la sección Política:
Declaran inconstitucional el decreto que suspende la Ley de Financiamiento Universitario y ordenan su cumplimiento inmediato
Tratado de Patentes: cómo podría elevar el precio de los medicamentos y poner en riesgo la producción nacional
Impunidad absoluta: el gobierno incumplió la orden judicial y continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
A la tecnología la frenan con más tecnología: lanzan una herramienta que limita las acciones de los agentes de IA autónomos
En el debate sobre inteligencia artificial en la ONU, Trump y Milei quedaron solos contra el mundo
Concesión de trenes de carga: la vía que solo conduce al subdesarrollo
Al gobierno le quedan apenas unas horas para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
