El presupuesto 2027 se debatirá sin incluir la Ley de Financiamiento Universitario

Tras aplaudir el pedido de León XIV para sostener la educación superior, la cifra que puso el gobierno y que votarán en el Congreso es casi 4 billones de pesos menos a la que exigieron los rectores.

El gobierno sancionó la Ley pero suspendió su aplicación. Créditos: UNICEN.
El gobierno sancionó la Ley pero suspendió su aplicación. Créditos: UNICEN.
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El gobierno nacional logró un dictamen positivo y llevará su proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso. Más allá de algunas modificaciones en torno a Discapacidad y Asignación Universal por Hijo, lo cierto es que el documento que se votará en el Poder Legislativo es casi idéntico al que propuso el Poder Ejecutivo. En este sentido, la comunidad universitaria es una de las grandes perjudicadas, ya que la cifra que contempla para el año entrante es casi 4 billones de pesos menos a la que exigió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y no incluye el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. De aprobarse en el recinto, la “ley de leyes” profundizará el ajuste y dejará a las instituciones al borde de la cornisa. 

“Sepan los legisladores que acompañen este proyecto de presupuesto que no contempla los recursos proyectados en una Ley aprobada por el mismo Congreso ni modifica en nada lo propuesto para Universidades que estarán dando el golpe de gracia a la Universidad pública argentina”, sentenció en sus redes sociales el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

Según la diputada Mariela Coletta, el proyecto de Presupuesto 2027 es un 32 por ciento menos al mínimo solicitado por el CIN. Mientras que desde la organización que nuclea a las universidades públicas habían pedido 11 billones (que contemplaba el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario), la propuesta que se votará en el Congreso es de 7,3 billones. 

“Le quieren destinar sólo el 0,53 por ciento del PBI al sistema universitario, siendo el porcentaje más bajo en los últimos 20 años. Están claras sus intenciones de fondo: el punto no es mejorar la universidad. Es destruirla lentamente”, señaló Coletta en su cuenta de X.

Mientras tanto, las universidades públicas se deterioran cada vez más. De acuerdo al último informe publicado por la Federación de Docentes de las Universidades y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto de las universidades cayó un 22 por ciento desde 2023. “En tres años el gobierno le quitó al sector 5,3 billones de pesos”, subrayaron en el documento. A su vez, el presupuesto de Educación descendió un 47 por ciento en el mismo lapso. 

Por el lado de los trabajadores, los salarios cayeron un 24 por ciento desde noviembre de 2023 y deberían tener un aumento del 31 por ciento para volver al poder adquisitivo que tenían en ese momento. Mientras que en 2 años y once meses la inflación acumuló un alza del 354 por ciento, los sueldos subieron 247 por ciento, lo que equivale a 107 puntos porcentuales menos.  

Para tomar dimensión de la pérdida que sufren, el ajuste total equivale a haber dejado de cobrar 9,4 sueldos de 2023 en el período 2024-2026. En este aspecto, el nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores del año 2002. Por el lado de las becas Progresar, continúan congeladas en 35 mil pesos y su monto debería duplicarse.

Más allá de lo que sucede en el plano legislativo, el otro foco de la disputa continúa en el Poder Judicial. Allí, el juez Cormick le puso un plazo al fiscal general Rodrigo Cuesta para que dictamine “si es constitucional el decreto del Gobierno que suspendió la ley de Financiamiento Universitario”. Sin embargo, especialistas advierten que se trata de un trámite que funciona como un indicio, pero que no obliga de ninguna manera a los jueces. 


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