A casi un año de su sanción e inmediata suspensión, el gobierno nacional continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a los fallos de la Justicia en favor de la comunidad universitaria, el Ejecutivo hace caso omiso y utiliza todas las herramientas posibles para dilatar la aplicación de la norma. El 1 de septiembre, mismo día donde fracasó la paritaria que derivó en el paro masivo de docentes y no docentes, el juez Martín Cormick rechazó una solicitud de los funcionarios de Milei para levantar la cautelar que los obliga a actualizar las becas y los salarios. Al mismo tiempo, les otorgó un plazo de tres días para que expliquen qué hicieron para efectuar la orden judicial. Para conocer en profundidad el estado de la cuestión, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes dialogó con Federico Werkmann, secretario de Legal y Técnica de la UNQ.
-Ante tanta información y confusión, ¿en qué estado se encuentra el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario en la Justicia?
-Primero hay que diferenciar entre la cautelar y la causa principal. Mientras que la causa principal es sobre todo el cumplimiento de la Ley y todavía no tiene resolución del juzgado de primera instancia, la cautelar es sobre los artículos 5 y 6 vinculados a salarios y becas, que el gobierno está obligado a cumplir. En este caso, tanto el juez de primera instancia como la Cámara y la Corte Suprema de Justicia confirmaron la medida favorable para las universidades. Sin embargo, hasta el momento no hay cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
-El gobierno afirma que empezó a cumplir con la Ley y se escuda en el aumento salarial de 21 por ciento acordado el 10 de junio de 2026.
-A partir de esa acta paritaria, el Poder Ejecutivo realizó diferentes presentaciones para demostrar un principio de ejecución de la sentencia y solicitar el levantamiento de la cautelar. El argumento que utilizan es que ahora no hay demora en el cumplimiento de la Ley porque ya comenzaron con la recomposición salarial. Se trata de una pirueta jurídica un poco singular, porque al mismo tiempo que desconocen la Ley y la atacan, informan sobre el acta paritaria y el principio de cumplimiento. El objetivo es ralentizar la causa y cuestionar decisiones ya resueltas.
-Pero el juez Martín Cormick desconoció los argumentos del gobierno nacional.
-El juzgado de primera instancia determinó que los argumentos sobre el principio de ejecución eran insuficientes y rechazó esa petición por parte del Poder Ejecutivo. Además, enfatizó que el expediente de la causa principal ya está listo para tomar una decisión final. Al mismo tiempo, la novedad es que intimó al gobierno nacional para que en un plazo de 3 días informe cuál es el estado de cumplimiento de la medida cautelar respecto de los artículos 5 y 6.
-¿Cuántas instancias más le quedan al gobierno nacional para seguir incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario?
-No hay una cuarta instancia de revisión en nuestro país. Lo que están tratando de hacer es dar vuelta un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es irrevisable. La cuestión sobre la cautelar está resuelta y lo único que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es cumplirla. No hay más espacio para revisar otras pretensiones y hay que pasar a la ejecución de la sentencia.
-En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el abogado del Consejo Interuniversitario Nacional exigió multas económicas y causas penales por incumplimiento para los funcionarios del gobierno. ¿Qué evaluación hace al respecto?
-Después de la presentación del informe, o cuando el juez determine que ya se agotaron las instancias que ofrece el derecho, es un paso a explorar que está bueno.
-Además de la cautelar que incumple, el gobierno impulsa reuniones paritarias que son casi ficticias.
–El ofrecimiento del 3 por ciento es una suma irrisoria y casi que se trata de una provocación para quebrar los espacios de negociación, ya que cierran cualquier posibilidad de intercambio y debate. El acuerdo del 10 de junio fue por una suba salarial del 21 por ciento, pero todavía resta un aumento que oscila entre un 30 y un 35 por ciento. Otro punto importante es que la actualización de los salarios es un punto de partida hacia adelante. No obstante, también hay que tener en cuenta la caída registrada desde diciembre de 2023, cuando el Poder Ejecutivo devaluó y hubo un gran salto inflacionario.
-Y en lo personal, ¿qué análisis hace de todo este incumplimiento?
–Es algo profundamente antirrepublicano. No solo afecta la división de poderes, que es uno de los principios del sistema republicano de gobierno previsto en el artículo 1 de la Constitución Nacional, sino que también el cumplimiento de una ley es una cuestión embrionaria del estado social constitucional del derecho.
-Pareciera que algunos incumplen la ley y no pasa nada, nadie recibe una sanción económica ni tiene consecuencias penales. Entonces, daría la sensación de que vale todo y cada quien puede hacer lo que quiera.
-El riesgo es visible y no solo es actual, sino también a futuro. Esto es un quebrantamiento del orden constitucional. Para tomar dimensión, lo que hizo el gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es tan peligroso que no existe en nuestra Constitución el contraveto. Es tan ingenioso como lamentable que en nuestro país discutamos la vigencia del orden constitucional sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
-Incluso, la cuestión ya toma una relevancia que trasciende aspectos salariales.
-Que el presidente quebrante el orden constitucional afecta a la sociedad en su conjunto en el corto y en el largo plazo. Por eso, es necesario mantener vigente este reclamo, porque estamos afectando a generaciones futuras. En este aspecto, se parece a una inundación, donde el problema no es tanto cuando se inunda, sino cuando baja el agua. La decisión premeditada del presidente impacta sobre el derecho a la educación, donde el Estado debe garantizarlo como un bien público y social. Nos costará como sociedad retomar un sistema educativo de calidad y a la altura de lo que Argentina necesita.
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