Ante este panorama, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el abogado constitucionalista del CIN, Pablo Manili, destaca que desobedecer una orden judicial es un delito. Por eso, exige que el juez imponga multas económicas e inicie causas penales para el presidente de la Nación y sus principales funcionarios.
-¿Cuál fue el pedido del Consejo Interuniversitario Nacional frente a los representantes del gobierno en la audiencia convocada por Cormick?
-En primer lugar, expusimos el gran problema de los hospitales que tienen las universidades de Buenos Aires, La Rioja, Cuyo y Córdoba. Además de dar clases, estas instituciones tienen centros de salud que atienden a millones de personas y están en una situación presupuestaria gravísima, al borde del colapso. Entonces, el pedido ni siquiera era si podían adelantar los fondos, sino que por lo menos le asignen una partida a los hospitales.
-¿Y qué respondió el gobierno nacional ante el pedido?
-Ellos se comprometieron de forma verbal a cumplir con este pedido que hizo el CIN. No obstante, cuando llegó el momento de firmar el acta y ponerlo por escrito, se negaron a hacerlo. Incluso, pretendían que el juez convocara a otra audiencia para los próximos 30 días con el objetivo de seguir postergando la cuestión, patear para adelante la causa y frizarla.
-¿Cómo hace el gobierno para seguir demorando la aplicación de la Ley?
-Presentan papeles ante la Justicia para levantar la medida cautelar bajo el argumento de que cumplen un pedacito (del 55 por ciento de aumento aproximado para cumplir con una parte del fallo, el gobierno otorgó sólo el 21 por ciento). Sin embargo, el planteo es muy absurdo. Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1. Afortunadamente, Martín Cormick dijo que no.
-Ante esta situación, ¿cuál fue la exigencia de las universidades?
–Pedimos que el juez resuelva al menos la ejecución de la medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme el 25 de junio y que obliga al gobierno nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27795), destinados a la actualización de los salarios y las becas.
-Pero el Poder Ejecutivo incumple con los otros dos poderes del Estado y parece que no pasa nada.
-Hace dos meses que estamos en esta situación. Desde el CIN también solicitamos el 25 de junio la intimación al gobierno para cumplir esa cautelar bajo apercibimiento de una multa por cada día de demora y el inicio de una causa penal, porque esto es un delito de desobediencia a una orden judicial. Sin embargo, todavía no lo despachó el juez, así que le pedimos que actúe urgente.
-¿Y esas causas penales serían sobre los funcionarios o sobre quiénes?
-Desde el subsecretario de Políticas Universitarias hasta el presidente de la Nación. Acá se aplica lo mismo que se aplicó con Cristina Fernández de Kirchner, y eso que no soy kirchnerista. Si a la expresidenta la condenaron por algo que pasaba en Vialidad, al presidente lo tienen que condenar por algo que pasa en la subsecretaría de Políticas Universitarias.
-¿Y usted ve al Poder Judicial con las ganas y el valor para iniciar una causa de este estilo?
-No, por eso fijaron esta audiencia. El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla. Entonces, trata por todos los medios de ir llevando la causa de modo tal de que el gobierno la termine cumpliendo sin que la sangre llegue al río.
-¿Es complicado porque pierden legitimidad o no quieren llegar a ese punto porque hay algo más de fondo?
-No lo sé, pero ponete en los zapatos de un juez de primera instancia que ni siquiera es de la Corte Suprema.
-¿Por qué cree que el gobierno nacional sigue dilatando la aplicación de la Ley? Ya quedó demostrado que no es una cuestión presupuestaria.
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