Anticipan medidas de fuerza si el gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Aunque la Justicia lo obligó a actualizar becas y salarios, el Ejecutivo lleva 275 días sin destinar los fondos para su aplicación.

Pasacalles exigiendo el cumplimiento de la Ley durante la última Marcha Universitaria. Créditos: Huellas del Sur.
Pasacalles exigiendo el cumplimiento de la Ley durante la última Marcha Universitaria. Créditos: Huellas del Sur.
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Las federaciones docentes de Conadu y Conadu Histórica anticiparon que habrá nuevas medidas de fuerza si el gobierno nacional continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. En este sentido, la norma ya lleva 275 días desde que fue promulgada y suspendida por el presidente de la Nación. A un mes del fallo que lo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma, destinados a salarios y becas, ningún funcionario del Poder Ejecutivo realizó declaraciones sobre el conflicto. A pesar del aumento del 21 por ciento para los trabajadores acordado el 10 de junio, todavía se adeuda una cifra cercana al 35 por ciento para equiparar con la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023. Ante este panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre toda la Ley.

“No podemos hablar de no inicio de clases porque el calendario del receso invernal varía según la universidad. Sin embargo, si el gobierno nacional sigue sin cumplir la cautelar, el segundo cuatrimestre se verá afectado y no se desarrollará con normalidad. Como se ve, no hay voluntad por parte del Poder Ejecutivo para cumplir la Ley. Por lo tanto, en el próximo congreso de afiliados se votarán medidas contundentes”, señala Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.  

Por su parte, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, agrega en conversación con la Agencia: “La situación es insostenible y el gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Si no aplica los artículos 5 y 6, el comienzo del segundo cuatrimestre estará marcado por medidas de lucha”.

Qué pasa con la Ley

La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. Ese mismo día, el presidente suspendió su aplicación y los rectores acudieron a la Justicia. Tras varios fallos, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio de 2026 el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme la cautelar que lo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6, destinados a la actualización de los salarios y las becas. 

A un mes del dictado de la Corte, el gobierno sigue sin acatar el fallo. Al respecto, el abogado constitucionalista del CIN, Pablo Manili, explica en diálogo con la Agencia: “La Ley está vigente y el Ejecutivo la está incumpliendo. La Corte Suprema confirmó la medida cautelar sobre los artículos 5 y 6, pero hasta el momento hay apenas un cumplimiento parcial en virtud del acta que firmó el Consejo junto a varios gremios el 10 de junio. No obstante, todavía resta cumplir una buena parte de esos dos puntos”.

El acta al que se refiere Manili es en relación al 21 por ciento de aumento salarial que firmó el CIN y diferentes federaciones con el gobierno. Allí, además se incrementó el valor de la Garantía Salarial (el piso mínimo al que deben llegar todos los trabajadores) en un 21 por ciento, se prometió una suba del 3 por ciento más para el mes de octubre, y la vuelta a las negociaciones paritarias con un plazo máximo de 90 días. 

Al mismo tiempo, se acordó una actualización del 20 por ciento en gastos de funcionamiento y 50 mil millones de pesos extra para los hospitales universitarios, y una suba del 50 por ciento para las Becas Manuel Belgrano, que están paralizadas en 81 mil pesos hace más de dos años. Aun así, para cumplir los artículos 5 y 6, el gobierno nacional debe aumentar los sueldos en una cifra cercana al 35 por ciento. Por su parte, las becas Progresar, que se encuentran congeladas en 35 mil pesos, tienen que aumentar entre 90 y 100 por ciento

Mientras tanto, todavía queda pendiente la ejecución del resto de la norma aprobada en 2025 en el Congreso, que incluye los gastos de funcionamiento, el mantenimiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria. “Esperamos el dictado de sentencia del amparo. Aunque lo pedimos en junio, todavía no salió. Por eso, el lunes solicitamos la habilitación de la feria judicial para que siga el trámite de la causa. Sin embargo, hasta el día de ayer no lo habían despachado”, destaca el abogado del Consejo.  

Problemas a la vista

Lejos de ser un discurso construido por la comunidad universitaria, los dos años y medio de deterioro del sistema educativo superior ya dejan huellas imborrables. En este aspecto, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mónica Biasone, sostiene en conversación con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes: “La consecuencia más inmediata es la falta de interés para ingresar al sistema universitario como docente. Para colmo, muchos profesores renuncian o se jubilan rápidamente, por lo que no tienen tiempo de formar a los más jóvenes.” 

Y continúa: “Igual o más grave es la renuncia de investigadores que se van del sistema y dejan estudios inconclusos, muchas veces relacionados a nuestro sistema productivo, sanitario y de defensa nacional. Por ende, cuando se pierde un investigador, no solo pierde la universidad, sino que pierde el país”.

A pesar del intento de desprestigio que sufren las universidades públicas y sus trabajadores por parte del gobierno nacional, la matrícula de estas instituciones se incrementa cada año. Por ejemplo, en el caso de la UNMDP, en 2026 tuvieron un 15 por ciento más de inscripciones que el año anterior. De esta manera, no solo se necesita dinero para mantener la infraestructura existente, sino que se requiere de inversiones para nuevas obras edilicias.

“Hace tres años que está todo paralizado. Tenemos obras importantísimas que quedaron inconclusas y todo lo que se gastó en esas inversiones se está deteriorando por el desuso. Aunque parece quedar en un segundo plano, esto también es muy grave”, resalta Biasone.


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