En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el secretario de Legal y Técnica de la UNQ, Federico Werkmann, explica: “Esta decisión implica el efectivo cumplimiento de la sentencia, ahora confirmada tanto por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, ya no existen otras vías de revisión. Ahora, el juzgado de primera instancia debe hacer cumplir la sentencia”.
Por su parte, en conversación con la Agencia, el abogado constitucionalista que representa al CIN, Pablo Manili, subraya: “A partir de ayer que quedó firme la medida cautelar, el gobierno la tiene que cumplir sí o sí. En caso contrario, sería un delito penal previsto por el artículo 239 del código penal, que se conoce como delito de desobediencia”.
De esta manera, ya no quedan más instancias legales ni excusas. De acuerdo a Ley, según las estimaciones del grupo Economía.Política.Ciencia y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, los salarios de los trabajadores deben aumentar casi un 35 por ciento extra (sumado al 21 por ciento acordado a principio de mes) para recuperar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron desde diciembre de 2023. Por su parte, las becas Progresar, que se encuentran congeladas en 35 mil pesos, tienen que aumentar entre 90 y 100 por ciento.
Camino de hormiga
El recorrido judicial comenzó tras la sanción y la inmediata suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 por parte del Poder Ejecutivo. Ante esta situación, 59 universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional recurrieron a la Justicia y presentaron un recurso de amparo. En los últimos días de diciembre, el juez federal de Primera Instancia, Martín Cormick, concedió una medida cautelar y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6.
El 31 de marzo, un nuevo fallo de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las universidades, pero el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema como última carta para seguir sin aplicar la Ley. Aunque el recurso extraordinario no suspendía los efectos de la sentencia de la Cámara, que obligaba al gobierno a cumplir con el fallo y aplicar ambos artículos, el juzgado de primera instancia la suspendió igual hasta que la Corte Suprema emitiera una resolución.
Finalmente, la Corte rechazó la jugada del Ejecutivo y ahora ya no le quedan más caminos por recorrer. Al analizar su impacto, Werkmann afirma: “Se trata de un fallo trascendental porque robustece los principios constitucionales previstos por el artículo 1 de nuestra Carta Magna sobre la división de poderes y la división de funciones. También, consolida la educación superior como un bien público y social, donde los Estados tienen el deber indelegable de sostener, asegurar y robustecer ese derecho”.
Todavía falta
Aunque desde la comunidad académica celebraron el fallo y lo catalogaron como un triunfo, también advirtieron que todavía falta para el cumplimiento total de la Ley. Entre otros puntos, la norma también asegura los gastos de funcionamiento, el mantenimiento de la infraestructura, y el fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria.
En este sentido, el secretario de Legal y Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes resalta: “Debemos seguir reclamando a través de todas las instancias y los ámbitos posibles para que se cumpla toda la Ley. La decisión está en manos del juzgado de primera instancia, que todavía no arribó a una sentencia sobre el amparo presentado por las universidades”.
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