“Proteger la libertad de expresión exige que los Estados defiendan los derechos humanos. Pero cuando el gobierno más poderoso del mundo amenaza con utilizar sus armas políticas y económicas para disuadir a otros Estados de regular sus empresas digitales y de inteligencia artificial, entonces la libertad de expresión se convierte en carne de cañón para la geopolítica, en una mercancía para el comercio”, destacó la relatora en el informe.
Para tomar dimensión del poder que tienen estos hombres blancos y estadounidenses dueños de empresas de tecnología, basta con ver las ganancias de sus compañías y el flujo de usuarios que manejan. En este aspecto, los ingresos de Meta (cuyo dueño es Mark Zuckerberg y tiene bajo su ala a Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otros) superaron el PBI de casi 130 países en 2025, mientras que su base de usuarios mensual de 3000 millones es mayor que la población de cualquier nación.
En esta línea, OpenAI reportó ingresos que exceden el PBI de 80 países, y su producto estrella, Chat GPT, es utilizado por casi 1000 millones de personas cada semana. Incluso, Elon Musk, dueño de X, Grok, Space X, Tesla y otras tantas compañías más, se transformó en el primer trillonario de la historia.
“Estas cifras no son solo datos económicos, representan un desplazamiento del poder decisorio sobre el entorno informativo global. La riqueza, influencia y cultura de las plataformas se han combinado para crear un pequeño grupo de oligarcas tecnológicos que ejercen un poder directo sobre los espacios digitales sin rendir cuentas”, alertó el informe.
La situación, que ya de por sí es delicada, se torna aún más compleja cuando la mayor economía del mundo, Estados Unidos, se alía con estos sujetos con fines políticos y comerciales. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump alentó a las plataformas a incumplir con requisitos de transparencia y moderación de contenidos que sí les exigen en otros países. Así, bajo el pretexto de la libertad de expresión, favorecen la circulación de mensajes de odio. Por el contrario, cualquier límite que se le quiera poner a este fenómeno es tomado como censura.
Al mismo tiempo, esas herramientas tecnológicas son utilizadas por el gobierno estadounidense para restringir el acceso a la información y vigilar de forma masiva a millones de personas para que hablen con menos libertad. En el plano de las relaciones internacionales, Trump usa su poderío para sancionar a las personas y los países que intentan ponerle un límite a estos jugadores. Por ejemplo, uno de los apuntados fue Alexandre De Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, por “atentar contra la libertad de expresión”.
Ante este panorama, otro informe de Naciones Unidas titulado “Democracias bajo presión” da cuenta del impacto de este fenómeno. “Si bien las plataformas digitales amplían el acceso a la información y la libertad de expresión, los algoritmos, el sesgo informativo y la inteligencia artificial pueden amplificar la desinformación, la polarización y la violencia política, y debilitar la deliberación pública y la confianza en los procesos electorales. Esto reconfigura profundamente la esfera pública: cambió quién habla, cómo circula la información y cómo se forman las opiniones”.
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