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Especialistas de la UNQ analizan las causas de las amenazas en las escuelas y las universidades

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Los investigadores destacan las desigualdades económicas y sociales, la violencia, los mensajes de odio y el rol del gobierno actual.

Créditos: imagen ilustrativa / Los Andes.
Créditos: imagen ilustrativa / Los Andes.
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Además de las amenazas que se repitieron en diferentes escuelas secundarias de todo el país, el fenómeno se extendió también hacia las universidades. Al menos cuatro instituciones fueron víctimas de esta situación: la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad de la Cuenca del Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. No solo se trata de una broma (en algunos casos) que altera la dinámica cotidiana de las casas de altos estudios, sino que se inserta en un clima social donde cada vez se percibe más violencia y más odio. En este aspecto, internet y las plataformas ayudan a viralizar y naturalizar las agresiones. Según datos difundidos por Unicef Argentina, más del 90 por ciento de los jóvenes consultados afirmaron haber sido testigos de ataques hacia una persona o grupo en la web y en las redes sociales. Incluso, estos hechos suceden en un contexto de desregulación de la portación y el uso de armas. Para analizar y comprender estos episodios, docentes e investigadores de la UNQ elaboraron un documento que aborda las diferentes aristas de un problema que involucra a toda la comunidad. 

“Desde ‘La masacre de Carmen de Patagones’ sucedida hace 22 años que nuestro país no registraba episodios de violencia letal en escuelas. En ese momento, los diversos estudios pusieron el foco en el acoso escolar como principal detonante. Sin embargo, ahora los analistas también hacen hincapié en el consumo liberado de contenidos violentos, junto a la expansión y promoción de los discursos de odio, que generan procesos de identificación e imitación”, destaca Cecilia Elizondo, especialista en Educación. 

Según la ONG Bullying Sin Fronteras, Argentina escaló al puesto 10 a nivel mundial en gravedad de casos de bullying. Para dimensionar la situación, en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6600 casos de violencia extrema (peleas graves, amenazas con armas y golpizas) solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Incluso, no solo se trata de algo que sucede solo en la escuela secundaria, sino que se arrastra desde la primaria. En este aspecto, un informe de Argentinos por la Educación elaborado en 2025 advierte que el 63 por ciento de los estudiantes de sexto grado “reportó haber sufrido agresiones en el aula o redes sociales”, que van desde insultos, burlas y exclusión, hasta golpes intencionales. 

Frente a este panorama, una de las tentaciones para explicar el fenómeno pasa por culpar a las redes sociales y decir que son la raíz de todos los males. Sin embargo, el doctor en Comunicación, Leonardo Murolo, advierte: “La violencia no nace en las redes, sino que tiene raíces sociales, económicas, culturales, políticas, familiares, institucionales y subjetivas más amplias. Sin embargo, las plataformas digitales participan en las formas actuales de circulación, visibilización y amplificación de esas violencias”.  

Y agrega: “Una mirada institucional sobre la violencia en redes sociales debe evitar dos reduccionismos. El primero, sería considerar que las plataformas digitales son la causa directa de las conductas violentas. El segundo, sería pensar que lo que ocurre en redes es secundario, superficial o separado de la vida social. Entre ambas posiciones, resulta más productivo comprender las redes como espacios donde se expresan y reorganizan prácticas sociales existentes”. 

¿Y el Estado?

Más allá de la responsabilidad de los adolescentes y sus familias, en algunos casos se omite el rol del Estado, que debe proteger a su población a través de diferentes políticas, por ejemplo, mediante la restricción del uso de armas. No obstante, el gobierno nacional desreguló la cuestión e incluso coqueteó en más de una oportunidad con la libre portación.  

Entre otras iniciativas, desde diciembre de 2023 se redujo la edad mínima para adquirir armas de 21 a 18 años, se habilitó la venta de fusiles semiautomáticos para civiles y se flexibilizaron los requisitos de portación con controles físicos y psicológicos menos estrictos. A su vez, se delegó en las Fuerzas de Seguridad la habilitación de sus miembros para portar armas particulares y se eliminaron las habilitaciones municipales a comercios de venta de armas. 

“Entre 2023 y 2025 aumentaron un 41,9 por ciento las armas registradas, y las armas importadas pasaron de 22 mil en 2024 a 43 mil en 2025. Al mismo tiempo, se estima que en Argentina las armas no registradas cuadruplican las registradas y superan el millón y medio de unidades”, subraya Sabina Frederic, especialista en Seguridad.

Y continúa: “Queda claro que la posibilidad de nuevas tragedias, como la ocurrida en San Cristóbal, es pura y exclusivamente un asunto de adultos, fundamentalmente de quienes tienen autoridad y responsabilidades de gobierno. Es imperioso denunciar que la flexibilización, el blanqueo o la desregulación de la comercialización, registro, tenencia y portación de armas, propicia el incremento de la violencia”. 

De esta manera, la desregulación en la portación de armas, las desigualdades y los discursos de odio generan un caldo de cultivo que se traduce, entre otras cosas, en jóvenes que amenazan con bombas y tiroteos en escuelas y universidades. Al respecto, el especialista en estudios sociales y culturales sobre violencias,  Esteban Rodríguez Alzueta, resalta: “A las armas no las carga el diablo, sino el odio. Tarde o temprano, el odio llevará a la gente a armarse. Hay mucha violencia antes de la violencia. Detrás de la violencia están los sentimientos experimentados con rencor, rabia, vergüenza y envidia”.

Lee el informe completo

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