
El caso comenzó hace dos años cuando los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson demandaron a Anthropic por usar versiones de sus obras, sin pagar por ellas, para entrenar su modelo Claude. La denuncia se convirtió de manera reciente en una class action, es decir, una demanda colectiva que terminó por incluir a todos aquellos que consideren que se ven afectados por lo mismo. De esta manera, el caso alcanzó el medio millón de denunciantes.
Así, el juez William Alsup determinó que el uso de libros para entrenar a la IA no violaba la ley de derechos de autor de Estados Unidos, pero sí ordenó juzgar a Anthropic por el uso de material pirateado. En otras palabras, Alsup no vio problema en entrenar a la IA con los libros, pero sí en que la empresa haya descargado y almacenado miles de obras y no pagara por ello.
“El criterio del juez es que si la empresa utiliza una obra para entrenar a su modelo, esta no tiene que estar autorizada. En Estados Unidos existe el ‘fair use’ que es una excepción en la ley que permite que se pueda usar una obra sin permiso siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es la que se aplica en este caso: el uso que la empresa o particular le dé a la obra original debe ser novedoso y transformador”, explica Pallero. Así, ejemplifica el experto, se puede crear un meme de la Mona Lisa porque se genera algo nuevo que difiere del material original. En este caso, el juez considera que el uso de la IA es novedoso, pero entiende que se viola la ley cuando se copia o descarga sin autorización.
Por su parte, Santiago Caruso, ilustrador y activista en Arte es Ética (una organización que lucha por los derechos de los artistas frente a la IA), plantea ante la Agencia: “Este caso es un ejemplo de lo que nos sucede a todos los artistas. Una vez que un autor o un tercero digitaliza y pone a circular su material en Internet, se vuelve blanco de ser utilizado como fuente de entrenamiento para estos modelos. No sólo no se paga por ello, sino que se da una competencia desleal entre artistas y los gigantes tecnológicos”.
Y agrega: “El caso es que la plata acordada le llegue a los 500 mil denunciantes y, si bien es un acuerdo, hay que analizar si ese número equivale a lo que vale el trabajo de cada autor”. En este sentido, Pallero indica: “Son todas cuestiones de políticas públicas que deben basarse en la búsqueda de valores. ¿Qué quiero decir con esto? En Internet, se privilegia que la información viaje lo más rápido posible, entonces si alguien tiene derecho a usarla es un problema secundario desde esta lógica. Ahora bien, aquí entran los derechos que hay que tutelar en el ámbito digital, como el de la propiedad intelectual o el de la privacidad”.

