El futuro de Nucleoeléctrica tras la privatización parcial confirmada por el gobierno

El Ejecutivo inició el proceso para ofertar el 44 por ciento de la empresa que opera las tres centrales nucleares de Argentina.

El complejo Atucha visto desde el aire. Créditos: Tiempo Argentino.

Mediante Boletín Oficial, el gobierno nacional dio inicio a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A.(NA-SA), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país. De esta manera, el Ejecutivo venderá el 44 por ciento del paquete accionario de NA-SA y la encargada de ponerle precio será la secretaría de Energía, quien realizará el inventario de los bienes tangibles e intangibles. Por su parte, desde sectores de la oposición advirtieron que esta medida responde a los intereses de Estados Unidos y perjudicará a la sociedad, quien podría pagar tarifas todavía más altas. Desde el Congreso impulsaron diferentes iniciativas para impedir esta iniciativa. Incluso, el 8 de octubre, el proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no hubo tratamiento en la Cámara de Senadores y su futuro es una incógnita. Mientras tanto, casi la mitad de Nucleoeléctrica ya tiene el cartel de remate.

“Desprenderse de Nucleoeléctrica sería concentrar más la producción de energía en nuestro país. Al ser controlada en mayor medida por el sector privado, las tarifas aumentarían inmediatamente y perjudicaría a la sociedad. A su vez, perderíamos personal altamente calificado para realizar tareas de mantenimiento y la unidad de gestión encargada de construir nuevas centrales nucleares”, destacó Nicolás Malinovsky, autor del libro Crítica de la energía política, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

En la actualidad, la empresa genera el 7 por ciento de la energía eléctrica del país. Además de operar las tres centrales nucleares de Argentina, NA-SA se encarga de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida por sus plantas y del mantenimiento de sus instalaciones. Al mismo tiempo, tiene a su mando los proyectos para la eventual construcción de futuras centrales nucleares en territorio nacional.

Contra la excusa gubernamental de que las empresas deficitarias pasarán a manos del sector privado, Nucleoeléctrica es una de las pocas superavitaria, es decir, que genera ganancias. De hecho, en el primer trimestre de 2025 NA-SA tuvo un resultado financiero positivo de 17 mil millones de pesos. Por eso, la gran pregunta es por qué el Ejecutivo pone la empresa en venta. Desde el oficialismo sostuvieron que “el financiamiento privado permitirá completar la extensión de vida de la central Atucha I e impulsar nuevos proyectos en el sector”. Sin embargo, desde la oposición afirman que el objetivo está vinculado a la recaudación de dólares y a intereses geopolíticos en favor de Estados Unidos.

El otro interrogante tiene que ver con el valor que se le pondrá al 44 por ciento de Nucleoeléctrica Argentina. Aunque el gobierno realizará el inventario de los bienes tangibles e intangibles, la duda es qué factores tendrá en cuenta y cómo los tasará. En conversación con la Agencia, el exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diego Hurtado, sostuvo que el patrimonio intangible (técnicos, operadores, científicos e ingenieros) no tiene cotización porque es un sector estratégico.

“Nucleoeléctrica es dueña de los diseños de las centrales que gestiona, es diseñadora, constructora y operadora de centrales de potencia. Para tasarla, desde el lado del gobierno solo dicen que es operadora, pero en realidad es mucho más que eso: es disponer de los diseños y tener capacidad para diseñar, y no hay muchas empresas en el mundo con estas capacidades”, agregó. Desde la oposición se impulsaron diferentes proyectos de Ley para frenar la privatización. En este sentido, el 8 de octubre la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector y el financiamiento aprobado por Ley en 2021, uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa. No obstante, todavía no tuvo tratamiento en la Cámara de Senadores y el gobierno avanza más rápido que el Congreso.