Siempre la misma crónica: “Un plato de comida no resuelve el problema del hambre”

Aunque en Argentina la pobreza es un diagnóstico permanente, con el gobierno de Milei, la inseguridad alimentaria se profundiza. En medio de la crisis, las iniciativas comunitarias se convierten en símbolo de resistencia y solidaridad.

Por Maria Vitória de Moura*

Juliana Herrera es una de las voluntarias más antiguas de la Olla Parque Lezama, que desde hace siete años distribuye alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. “La olla comenzó en noviembre de 2018, por iniciativa de un vecino”, explica. Las primeras reuniones entre los voluntarios se realizaron en el anfiteatro del Parque Lezama, que pronto se transformó en el punto de encuentro fijo de encuentro, dando nombre a la iniciativa.

Desde entonces, todos los lunes los voluntarios se reúnen a las 18 horas para preparar las comidas, que se sirven a las 21. Los alimentos se obtienen mediante donaciones, espectáculos benéficos y aportes de productores agroecológicos, escuelas y emprendimientos aliados. “A lo largo de los siete años de la olla, hemos establecido vínculos con comercios del barrio y creado redes con organizaciones e instituciones que también contribuyen mucho”, dice Herrera.

Las redes que luchan contra el hambre son históricas en Argentina. Desde la década de 1980, las cocinas comunitarias ofrecen comidas gratuitas a miles de personas en todo el país. Los comedores, como se los conoce, surgieron a partir de organizaciones barriales, iglesias y movimientos sociales que buscaban garantizar el alimento básico a las familias en situación de vulnerabilidad. Eran, en general, iniciativas autogestionadas, muchas veces sostenidas por mujeres que se reunían para cocinar y distribuir alimentos en sus comunidades.

A partir de la década de 1990, y con más fuerza en 2001, el Estado comenzó a reconocer y financiar parcialmente los comedores, principalmente gracias al fortalecimiento de los movimientos sociales y a las reivindicaciones de los trabajadores. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, parte de las cocinas comunitarias fueron incorporadas a programas estatales, como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, con el reconocimiento oficial de muchos comedores y el envío de fondos para la compra de alimentos e infraestructura.

El comedor Pedro Echagüe, por ejemplo, ubicado a pocas cuadras de la Plaza Constitución, es una de las mayores cocinas populares de Buenos Aires. “Cuando empezamos, en 2017, atendíamos a unas 300 personas; hoy ese número llega a 3.500”, relata Javier Soro, integrante de la cooperativa de recicladores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), responsable de la fundación del comedor.

Créditos: Maria Vitória da Moura. — Créditos: Maria Vitória de Moura.

Austeridad y desfinanciamiento

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en 2024, existían cerca de 35 mil comedores que atendían a unas 135 mil personas. Los datos también indican que, en marzo del mismo año, 15 mil comedores habían cerrado por falta de recursos.

A comienzos de ese mismo año, Javier Milei eliminó las transferencias federales a las cocinas comunitarias, demostrando cómo la política de austeridad implementada por su gobierno ha provocado un grave desfinanciamiento que impacta directamente en la población más vulnerable.

“Son alrededor de 1.200 comedores que tuvieron que cerrar [en Buenos Aires] por falta de financiamiento. Nosotros somos un comedor grande y recibimos ayuda de muchos lados; hay mucha gente que dona, y por eso podemos continuar. Recibimos carne y pollo, pero si antes cortábamos el pollo en cuatro partes, ahora lo dividimos en ocho, a veces en doce”, cuenta Soro.

Datos oficiales bajo sospecha

Periódicos nacionales e internacionales destacan la caída de la inflación en Argentina y atribuyen el mérito al plan económico del presidente neoliberal. Algunos medios de comunicación y miembros del gobierno, incluido el propio presidente, llegaron a celebrar los resultados del INDEC, cuando este publicó que la tasa de pobreza en el primer semestre de 2025 había disminuido 21,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. “La pobreza sigue bajando”, publicó el sitio oficial del gobierno argentino.

Tras la publicación del informe, especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Observatorio de la Deuda Social Argentina cuestionaron los resultados, ya que la aparente reducción podría estar relacionada con “factores metodológicos”. Las críticas se basan en que el estudio mostró aumentos de ingresos familiares que no aparecen en otras fuentes oficiales, como registros laborales y tributarios, haciendo que el ingreso medio parezca mayor y, en consecuencia, el índice de pobreza parezca menor.

Además, el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación mensual, se basa en una encuesta de gastos de los hogares realizada en 2004/2005, lo que subestima los gastos reales de las familias argentinas. Organizaciones y movimientos populares también afirman que el número de personas que recurren a los comedores comunitarios y programas sociales sigue creciendo, lo que indica que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.

“No sé en qué mundo viven los que dicen que la pobreza bajó. La pobreza no disminuye cuando un jubilado o una persona con un hijo con discapacidad no puede llegar a fin de mes”, afirma Soro.

Radiografía de época

Aunque los datos de la investigación apunten a una mejora artificial en los indicadores sociales, las cifras siguen siendo alarmantes. El INDEC muestra que, en el primer semestre de 2025, 15 millones de personas estaban por debajo de la línea de pobreza, con 45,4 por ciento de los niños de 0 a 14 años en situación de pobreza, de los cuales 11,9 por ciento eran indigentes.

“Si la gente no se muere de hambre en la calle, es justamente porque no todos los argentinos son como Milei. Pero un plato de comida no resuelve el problema del hambre”, enfatiza Herrera, que ha visto duplicarse el número de comidas distribuidas por la olla en los últimos años. “Muchas personas que llegan al comedor no están en situación de calle, pero tienen que elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o comprar comida”, apunta Soro.

Tanto Herrera como Soro destacan el aumento de jubilados y personas con discapacidad en las filas de los comedores. En octubre, según Anses, los jubilados recibieron alrededor de 396 mil pesos, una cifra insuficiente para llegar a fin de mes, lo que los obliga a buscar otras formas de complementar sus ingresos.

Otra vez, como siempre, los pobres a la deriva. Solo hallan reparo en las organizaciones sociales que, incluso en los peores momentos, se las ingenian para hacer de refugio.

* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNQ.