La motosierra llegó a los cuidados paliativos: ¿cómo afecta esto a los pacientes?

“Si no tienen acceso a la medicación opioide, no tienen alivio del dolor y eso es contemplado como tortura”, dice Graciela Jacob, referente en el tema.

La médica Mariana Pechenik, referente del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, denunció el desmantelamiento del mismo por parte del gobierno nacional. La iniciativa se encargaba de proveer opioides, destinados a tratar el dolor de enfermedades terminales o crónicas, a las 24 jurisdicciones, así como también de la formación de especialistas en la materia. ¿Qué implica esta decisión en la vida de los pacientes?

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Graciela Jacob, excoordinadora del Programa, relata: “El alivio del dolor es considerado un derecho humano. Si los pacientes no tienen acceso a la medicación opioide, no tienen ese alivio y eso es contemplado como tortura, según la Carta de Praga firmada en 2014”. Los cuidados paliativos implican la asistencia a las personas de todas las edades que sufren una enfermedad severa terminal o crónica. Incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor, así como también el cuidado en lo que respecta a factores psicosociales y espirituales. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La OMS estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles.

Según denunció Pechenik, el gobierno suspendió la compra de los opioides morfina y metadona, y se despidieron a seis de los ocho integrantes del equipo. La causa, aportó, es el recorte que realiza el gobierno en las distintas áreas de salud. Las consecuencias son el aumento de la prevalencia del cáncer, de los padecimientos asociados a la enfermedad y de los pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos y alivio del dolor. Este ajuste forma parte de la reducción del 55 por ciento en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (INC). De hecho ya en diciembre de 2024, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina denunció la muerte de, al menos, sesenta pacientes por la falta de entrega de medicamentos oncológicos durante el gobierno actual.

Jacob, exdirectora del INC–donde pertenece el Programa desmantelado– cuenta a la Agencia: “Ese espacio es fundamental para un correcto tratamiento del cáncer. Por ejemplo, hay un mapa que rastrea cuáles son los principales tumores en Argentina y en qué zonas prevalecen. Así sabemos que el cáncer de mama, de colon y cervicouterino son los principales y a qué sectores el Estado necesita llegar con más urgencia”. Y ejemplifica: “En la región del Noreste, hay una incidencia muy alta del cáncer cervicouterino. Una de las formas de detectarlo es a través del papanicolaou, pero muchas mujeres no podían acceder, entonces el Programa diseñó un dispositivo de autotoma que lo podían hacer las propias mujeres”.

De esta manera, se podía llegar a un diagnóstico lo más rápido posible. Esto no solo requiere una logística de convenios y distribución con provincias y municipios, sino también insumos, la formación de recursos humanos que recojan esas tomas y las lleven a laboratorios a analizar. “Lo mismo sucede con los test inmunoquímicos de sangre oculta en materia fecal para la detección precoz del cáncer de colon. Este kit localiza a las personas que tienen un sangrado asociado potencialmente a un cáncer o precáncer y luego son derivadas a un lugar donde se les pudiera hacer una colonoscopia”, explica Jacob. Así, con el desmantelamiento, los sectores poblacionales que estaban protegidos ahora ya no lo están.

En paralelo, Argentina cuenta con una ley de cuidados paliativos que busca garantizar el acceso de toda la población a este tipo de atención médica. Jacob define ante la Agencia: “Esa norma funciona bajo la órbita del ministerio de Salud y es este el que no da el presupuesto al INC. Es decir, hay un marco regulatorio sí, pero no dan plata para poder llevarlo adelante.”.

El desguace del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del INC implica la falta de insumos para llegar a una detección y diagnóstico temprano, la desatención de poblaciones que estaban protegidas por el Estado , la no formación de recursos humanos y, al ser despedidos, la posibilidad de que aquellos profesionales formados en este suelo lleven sus conocimientos al exterior. Jacob dice: “Si esto sigue así, van a alcanzar a los pacientes oncopediátricos. Cerca del 90 por ciento de estos niños se salvan con las tecnologías actuales del tratamiento oncohematológico pediátrico y alrededor del 60 por ciento son atendidos con cuidados paliativos. Entiendo que el Estado debe ser eficiente y no debe estar sobredimensionado, pero eso no significa desarticular la salud“.