Durante un acto que tuvo lugar en el estado de Mato Grosso, Lula defendió la regulación de las redes sociales y recordó el caso de una adolescente que intentó suicidarse en Brasil, tras haber sido víctima de bullying en las redes sociales. En consecuencia, aseguró: “Tenemos la obligación moral de hacer que la verdad derrote a la mentira. No es posible que siga así. Ya tomamos la decisión de no dejar entrar el teléfono móvil a las escuelas primarias y secundarias porque se reducía la atención en el aula. Y sabemos lo malvadas que pueden ser (las redes sociales)”. La medida que menciona es una ley sancionada en enero de este año que prohíbe el uso de celulares en escuelas públicas y privadas de todo el país.
“Aún no está escrito el proyecto, pero probablemente apunte a la protección de las infancias y adolescencias. Inclusive, como hipótesis y conociendo la historia de Lula y el Partido de los Trabajadores en regulación de temas de Internet, quizás prueben con recuperar parte del Marco Civil de Internet que sancionó Dilma Rousseff. El objetivo sería instaurar un nuevo marco de derechos en internet a partir de un escenario que cambió mucho en estos años“, reflexiona Agustín Espada, director de la maestría en Industrias Culturales de la UNQ, a la Agencia de Noticias Científicas. Ese Marco fue sancionado en 2014 y se trata de una legislación pionera en el mundo que busca proteger los derechos civiles en el entorno digital, incluyendo la neutralidad de la red, la privacidad y la libertad de expresión.
Un faro para la región
No es la primera vez que Brasil toma las riendas al enfrentarse a los grandes magnates e intentar poner normas al mundo digital; un ejemplo es el uso de celulares en las escuelas. Por otra parte, ya en 2020 el senador Alessandro Vieira presentó el proyecto de Ley de Noticias Falsas, que tiene como objetivo combatir la propagación de desinformación en las redes sociales y aplicaciones de mensajería. El proyecto fue aprobado por el Senado, pero quedó atascado en la Cámara de Diputados debido a la presión que ejercieron gigantes tecnológicos, como Google, Meta y X, y a la resistencia de la oposición, que alega que se trata de una amenaza a la libertad de expresión.
“Este proyecto se cayó porque afectaba los intereses económicos de las plataformas y porque estas son grandes empresas de propaganda de sí mismas. Como todos usamos sus servicios y estos son buenos cuesta mucho colocar a la opinión pública en contra de estas plataformas. Entonces, cuando se las intenta regular siempre aducen que se está atentando contra la libertad de expresión o contra libertades civiles, pero, en realidad, lo que se está buscando es protegerlas“, explica Espada.
Además, en septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo Federal de Brasil suspendió la red social X luego que Elon Musk, su dueño, se negara a cerrar determinados perfiles acusados de ser difusores de fake news y atentar contra la democracia. El magnate no quiso hacer caso, quitó al único representante legal del país y los acusó de censura. Ante la suspensión de la red y el traslado de usuarios a plataformas similares, como Threads, Musk volvió a poner una representante legal en suelo brasileño y cedió a cerrar los perfiles.
No solo esto, sino que también en enero Lula repudió la decisión de Meta, liderada por Mark Zuckerberg, de eliminar mecanismos de control de información falsa en Instagram y Facebook. Algo que se alinea con lo que hizo Musk al adueñarse de X. En su momento, el mandatario brasileño dijo: “Lo que queremos, en realidad, es que cada país tenga su soberanía protegida. No puede ser que una, dos o tres personas creen que pueden herir la soberanía de una nación”.
“Brasil es un faro en la región en materia de regulación de plataformas, no solamente ahora sino desde la sanción del Marco Civil de Internet, entre otras cuestiones por su relevancia como potencia económica, por el tamaño de su de su población y porque lleva adelante debates y condiciones que a muchos países más chicos les cuesta imponer“, dice Espada.
Y continúa: “En ese sentido, Brasil funciona como un ejemplo de, por lo menos, las discusiones que deberíamos estar dando y que no damos. Nos recuerda siempre cuánto nos quedamos en nuestra agenda de políticas de comunicación y de libertad de expresión, luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009“.
