La CIJ no solo destaca que los Estados deben adoptar medidas para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que los países que más contaminan “tienen la obligación adicional de liderar la lucha contra el cambio climático”. También, la Corte remarcó que incumplir las obligaciones firmadas puede ser “un acto internacionalmente ilícito”, algo que podría traducirse en consecuencias legales para los países. No obstante, sostuvieron que es necesario analizar “caso por caso” cuál es la responsabilidad de cada Estado.
La opinión de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU, representa un pequeño triunfo para los países que más sufren las consecuencias del cambio climático. Esto se debe en parte a que cada cumbre climática que pasa está más atravesada por el lobby a favor de los combustibles fósiles, donde se ofrecen soluciones tecnológicas y no se atacan los problemas de fondo.
De hecho, en la última cumbre (COP 29) celebrada en Azerbaiyán, fue tan grande la influencia que ejercieron algunas petroleras como Chevron, Shell y ExxonMobil, que las comitivas superaron a los grupos de la mayoría de los países que asistió a la reunión. Es decir, había más representantes de las empresas que dañan al ambiente que de las propias naciones que sufren las consecuencias.
Los países con más responsabilidades no tienen la intención de encabezar la lucha y mitigar el impacto del cambio climático. Aun así, hay algunas naciones que, al menos desde el discurso, plantean una vía diferente. Por ejemplo, Brasil –quien será anfitrión de la COP30– planea reducir sus emisiones en un 67 por ciento hasta 2035, en comparación con 2005. Por lo pronto, más allá de no poder realizar sanciones inmediatas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia puede ser considerada una guía y sirve de referencia para los tribunales nacionales e internacionales. Se estima que hay alrededor de 3 mil litigios climáticos en marcha en más de 50 países.
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