El gobierno no cumplirá con la Ley de Financiamiento y las universidades preparan un amparo judicial

Los rectores plantean que si hay plata para otras cuestiones, también debe haber una partida para la educación pública ya que se trata de un mandato constitucional.

De manera reciente, en el debate del Presupuesto 2026, el Secretario de Educación Carlos Torrendell, junto al Subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, confirmaron que no se implementará la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto de Milei. Frente a esta suspensión, el Consejo Interuniversitario Nacional avanza con una acción de amparo para presentar ante la justicia. Este recurso sirve para proteger derechos fundamentales, como la vida, la salud y el trabajo, y se presenta contra actos que son contrarios a la ley. Entre las demandas que articulan los rectores y rectoras del país, se encuentra que el presidente invoca normativas para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que sólo pueden ser utilizadas si hay un presupuesto anual aprobado, cosa que no sucede en el país desde 2023. Asimismo, contrario al pretexto que utiliza el gobierno de que la Ley no aclara cómo se financiarán las universidades, el recurso de amparo afirma que el texto de la norma sí lo dice y que será a través de los fondos de la coparticipación federal. Mientras tanto, pese a haber pasado por todas las instancias legislativas, el gobierno parece insistir en no cumplir lo aprobado por el Congreso.

El conflicto entre las universidades y el gobierno ya lleva dos años y parece estar lejos de ver el fin. Por un lado, las casas de estudio nacionales reclaman que se recompongan los salarios de docentes y nodocentes; por el otro, el gobierno insiste en que no hay plata para eso y que han dado aumentos, aunque estos son desmentidos o calificados como tramposos por las universidades. Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un proyecto de Ley que fue aprobado por el Congreso, vetado por el presidente y vuelto a ratificar por el parlamento. En ese marco, el paso siguiente era que el gobierno promulgue la Ley, cosa que sucedió pero luego suspendió su aplicación a través de un decreto con el pretexto de que no se aclara cómo se financiarán las erogaciones.

En los últimos días, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Torrendell explicó que el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal del 17,6 por ciento en educación y, dado que se proyecta una inflación anual del 10,1 por ciento, el incremento real quedaría en cerca de un 7 por ciento. Por su parte, Álvarez insistió en que no cerró ninguna universidad, que no hay éxodo docente ni ajuste con despidos, y calificó que esto es parte de la “campaña del miedo” impulsada por el CIN.

“Esos 7 puntos que el gobierno dice que va a aumentar para el año próximo no son nada, pero además es un aumento sobre un presupuesto de 2022. Estamos hablando de un 7 por ciento de incremento sobre un presupuesto que se aprobó en el Congreso en septiembre de 2022 para 2023. Con lo cual, hace dos años que no tenemos actualizaciones y eso no se mejoró ni se modificó”, explica Diego Viera, consejero directivo de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Cabe destacar que el mismo decreto que suspende la aplicación de la Ley, reconoce el retraso salarial que enfrentan los trabajadores. El texto advierte que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios se incrementaron en un 128,49 por ciento. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor fue de 220,45 por ciento. Por lo tanto, los sueldos están al menos en 92 puntos por debajo de la inflación medida por el Indec. Para recuperar la pérdida, el gobierno debería otorgar un incremento salarial superior al 40 por ciento. A esto se le suma que el CIN había pedido previamente al Gobierno nacional 7,3 billones de pesos para sostener las universidades y poder funcionar, pero en el presupuesto, se definió que se otorgarán 4,8 billones, la mitad de lo exigido.

Las universidades en lucha

En este contexto, el CIN avanza con la presentación de un recurso de amparo para que la Justicia ordene el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los fundamentos de la acción parten de que el financiamiento de la educación pública universitaria es competencia del Congreso y no del Ejecutivo y que el presidente no puede suspender una Ley ya aprobada por el parlamento. A su vez, sostiene que el pretexto que brinda el presidente de que la normativa no establece cómo serán financiadas las erogaciones necesarias para su cumplimiento es falso ya que, no sólo no hay gastos nuevos y actualiza los existentes, sino que además sí establece el modo de financiamiento que será a través de los fondos de coparticipación federal.

Por otra parte, el CIN plantea que las normas que invoca el presidente para no cumplir la Ley universitaria sólo se pueden aplicar cuando hay un presupuesto aprobado, cosa que no sucede desde 2023. Además, expone que según el artículo 37 de la Ley 24.156, el Jefe de Gabinete puede modificar las partidas presupuestarias y asignar lo que corresponde para las casas de estudio.

Por último, los rectores y rectoras pusieron el ojo en los aumentos que dio el gobierno tanto a la educación privada como a las tareas llevadas adelante por la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), esto último otorgado por decreto. Allí, definieron que si hay plata para eso, debe haberlo también para la educación pública que es un mandato constitucional, mientras que las otras dos no lo son.

En un comunicado reciente, el vicepresidente del CIN, Franco Bertolacci, afirmó: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar su cumplimiento”.