Una graduada de la UNQ analiza cómo los sectores conservadores obstaculizan el derecho al aborto en Tucumán

Carla Mora realizó su tesis doctoral sobre el acceso que tienen las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos en el sistema público.

Marcha para exigir la liberación de Belén, acusada injustamente de realizarse un aborto. Agencia Infoto.

Carla Mora, flamante graduada del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, investigó las posibilidades que tienen las mujeres cisgénero –aquellas que se identifican con el género asignado al nacer– de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos en el sistema público de salud de Tucumán. En específico, hace hincapié en la información que se les otorga sobre anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la posibilidad de realizar uno y los obstáculos que ponen en el camino los sectores conservadores y religiosos, que están en las calles pero también en el sistema de salud, en el gobierno y en la justicia.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Mora explica: “En Tucumán, hay una organización muy aceitada entre el sistema de salud, la policía y la justicia que perpetúa la violencia obstétrica y criminaliza a las mujeres. Dos ejemplos claros donde se vio esto fue en los casos de Belén y Lucía. Hay mucha resistencia neoconservadora que obstaculiza el acceso a normativas como la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Primero, se oponían a la entrega de anticonceptivos y ahora luchan contra el acceso al aborto”.

El caso de Belén –nombre ficticio ya que el real se mantuvo en reserva– sucedió en 2014, cuando llegó al Hospital Avellaneda de Tucumán con fuertes dolores abdominales. No sabía que estaba embarazada y que estaba teniendo un aborto espontáneo. El personal médico violó el secreto profesional, la denunció y la acusó de provocárselo. En aquel momento, la policía irrumpió en el consultorio, se la llevó detenida y, poco más tarde, fue condenada a 8 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo”.

“La enfermera y los médicos que atendieron a Belén se encargaron de juzgarla, antes de darle la atención que merecía. En lugar de eso, llamaron a la policía para que la detuviera, el fiscal partió de la sospecha y no de una hipótesis, y la cámara penal la acusó sin reunir pruebas suficientes. Es decir, el expediente pasó por un montón de manos y nadie se paró a mostrar las incongruencias que había, lo que demuestra todo un sistema judicial que se maneja de esta manera”, relata Mora. Casi tres años más tarde, gracias a la lucha de los feminismos, Belén fue absuelta por falta de pruebas. Este caso fue el detonante para que se inicie la “marea verde”, es decir, la lucha por la legalización del aborto en Argentina, y fue llevado al cine con la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi.

El caso de Lucía sucedió en 2019: una niña de 11 años fue obligada por las autoridades a llevar a término un embarazo producto de una violación intrafamiliar. “El viceministro de Salud la trató de convencer de que no aborte, aún cuando la posibilidad era legal, y le regalaba cosas, un hospital enteró se declaró objetor de conciencia, la encerraron en una sala separada del resto del establecimiento y las personas iban a rezar a la puerta del lugar. Cuando se realizó la cesárea, los médicos que la hicieron fueron denunciados por un fiscal provincial de homicidio”, cuenta Mora.

Los mecanismos que suelen utilizar los sectores conservadores para obstaculizar los derechos van desde estar involucrados en lugares de poder, como la justicia o los hospitales, hasta en las calles. Hacen marchas identificándose con el pañuelo celeste y con la bandera de Argentina, ocupan la plaza principal de San Miguel de Tucumán, utilizan el lema “con mis hijos no te metas” y juntaron firmas para oponerse a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). También, tienen grupos en Facebook y en Instagram, y, destaca Mora “lo más terrible es que ocupan los espacios de salud con cartelería o con imágenes religiosas e intentan convencer a las mujeres de no abortar”. De hecho, en 2018 la provincia se declaró “provida” mediante la Legislatura.

Asimismo, la graduada de la UNQ plantea que con el cambio de gobierno, las cosas siguen igual. En 2023, asumió Osvaldo Jaldo que “es abiertamente conservador, está alineado con la Iglesia Católica y marchó con el pañuelo celeste. Además, tenemos un ministro de Salud considerado provida”.

Por otra parte, según detalla a la Agencia, los feminismos y las comunicadoras con perspectiva de género son clave a la hora de reconocer y luchar contra las injusticias estatales. En sus términos, escuchan y asesoran a las trabajadoras del sistema de salud que reciben a las mujeres y disidencias capaces de gestar en los hospitales. “Hay muchos casos de violencia obstétrica, persecución y criminalización de mujeres que no son conocidos y que, por ende, cuesta mucho obtener justicia. En los casos de Belén y Lucía, el papel de las periodistas feministas fue clave para generar repercusión mediática y que se puedan tomar cartas en el asunto”, detalla.

Así, los feminismos y las organizaciones civiles continúan en estado de alerta para lograr que se respeten los derechos, más aún hoy con un gobierno provincial autoproclamado “provida” y un gobierno nacional que cortó las partidas de misoprostol y anticonceptivos, quitó la ESI y se declara en contra de la interrupción del embarazo.