En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, la abogada Anabella Lucardi destaca: “Este fallo de Cámara confirmó una sentencia de primera instancia que le da una cautelar al CIN, por la cual se le tiene que dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, en particular a los artículos 5 y 6. El gobierno tiene algunos días para apelar a la Corte Suprema, pero lo cierto es que ya hay dos sentencias confirmatorias, no solo la de un juez de Primera Instancia, sino también la de la la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal”.
En términos políticos, todo parece indicar que el gobierno nacional seguirá con su discurso de que el Financiamiento Universitario es inconstitucional, que altera el equilibrio fiscal, que no explica de dónde saldrán los fondos, y que los jueces no son imparciales, ya que dan clases en alguna Casa de Altos Estudios.
En términos jurídicos, se estima que el Ejecutivo presentará un recurso extraordinario a la Corte Suprema, que es la última instancia que tiene, para seguir dilatando la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. En este aspecto, la Cámara tiene dos opciones: admitirlo o denegarlo. Si lo admite, la Corte Suprema será la encargada de decidir qué sucede con la implementación de la Ley, y para eso no existe una fecha límite. Si lo deniega, el gobierno puede presentar un recurso de queja para suspender la Ley.
“El gobierno nacional debería dar estricto cumplimiento a la medida cautelar, no sé qué más necesita para entender que la Justicia le está dando la razón al CIN. Si después quieren presentarse ante la Corte, que lo hagan, pero lo correcto sería que no se suspenda el efecto de la sentencia, para evitar que la apelación sea una maniobra dilatoria”, resalta Lucardi, quien también es Decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Además del derecho a la educación y de la insistencia del Congreso de la Nación, la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal reconoció la crisis salarial que atraviesan los docentes y los no docentes. Asimismo, hizo hincapié en el impacto económico de la Ley: frente al discurso del equilibrio fiscal, los jueces citaron un informe del Congreso donde se destaca que la implementación de la norma equivale solo al 0,23 por ciento de PBI.
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