Desfinanciamiento universitario: el cuatrimestre inicia con una semana de paro

El gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y, en su lugar, propone otro proyecto que empeora la situación.

Créditos: Diario Textual.
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El conflicto universitario se profundiza: el gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario vigente y, en su lugar, envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la norma original. Ante las vueltas del Ejecutivo para no enviar el dinero que corresponde a las casas de estudio, los gremios docentes encabezados por la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios) decidieron realizar un paro durante la semana del 16 al 22 de marzo. Esta medida forma parte de un plan de lucha aún mayor que ya advirtió otras dos semanas de paro y una marcha universitaria. 

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, plantea: “Que el gobierno se niegue a cumplir una ley que ha resistido un veto presidencial y tiene una medida cautelar vigente, habla de que estamos ante un gobierno autocrático que no respeta dos de los tres poderes del Estado. Ya no estamos hablando de un problema del sistema universitario, sino un problema de toda la Argentina. Si no cumple una ley, no podemos decir que vivimos en una república”.

El conflicto radica en el incumplimiento del gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y vuelta a ratificar por el Legislativo. De todas maneras, el gobierno no la cumplió y el tema fue llevado a la justicia, donde un fallo favoreció a las universidades y ordenó al gobierno nacional pagarles un aumento salarial acorde a lo que perdieron por la inflación (entre el 51 y el 52 por ciento). El gobierno siguió por no cumplirla y, en su lugar, presentó un proyecto nuevo que modifica la norma original. En el texto propone reemplazar dicho aumento por un incremento de solo el 12,3 por ciento en tres cuotas, cuya última instancia se cobraría recién en septiembre.

Pinazo continúa: “Tenemos el gasto público en educación superior más bajo del continente y un salario que necesita casi un 55 por ciento de recuperación para estar en los niveles del 2023. También, el gobierno recortó todas las transferencias vinculadas al funcionamiento de las universidades, a la ciencia, la técnica y las becas, y está ofreciendo aumentos salariales para la Administración Pública Nacional y excluye a las casas de estudio. Hay un intento deliberado por llevar al sistema universitario a una situación crítica como nunca antes vivimos”.

En este marco, la Conadu informó que el cuatrimestre iniciará con una semana de paro que va desde el lunes 16 de marzo hasta el domingo 22, y ya anunció un paro de semana completa para las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el 27 de abril. A su vez, se acordó la realización de una marcha federal que se prevé realizar el 23 de abril.

Diego Viera, consejero directivo de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), declara a la Agencia: “La política del Gobierno Nacional, llevada adelante en estos meses por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, es no reconocer la pérdida salarial provocada por su gestión y seguir denigrando el salario y poder adquisitivo de todo el sistema universitario”.

La docente de la UNQ María Eugenia Dichano cuenta: “Nos da mucha angustia ver cómo se destruye lo que supimos construir a lo largo de los años. Esto impacta en nuestro presente pero, principalmente, en el futuro de las generaciones de pibes y pibas que se están formando en la universidad pública y muchas veces no pueden sostener sus carreras porque tienen que trabajar”. Y agrega: “Los docentes tratamos de acompañar esas trayectorias pero se hace imposible con nuestros salarios de miseria y con la necesidad de tener varios empleos para poder llegar a fin de mes. Por eso, creemos que la lucha tiene que ser colectiva y tenemos que estar todos y todas: docentes, personal administrativo y de servicio y, fundamentalmente, estudiantes”.

Pinazo resume: “El gobierno se niega a cumplir la ley y no da respuestas. Intenté en reiteradas oportunidades poder solucionar algo en materia universitaria y me es imposible comunicarme”.


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