
La búsqueda del dinero extraviado
Hace tiempo la comunidad científica se pregunta al respecto del destino que le dio la actual gestión a fondos internacionales con destinos específicos (tales como el financiamiento de becas y proyectos de investigación) que nunca llegaron a los laboratorios ni centros de investigación. De hecho, fue el propio Guillermo Francos quien reconoció, a través del Informe Nº142, que los créditos BID 5293, BCIE 2161, BIRF 9434 y BID 5759 (todos ellos mayormente destinados al sector científico) tenían escasísimos niveles de ejecución sobre el total comprometido. Desgraciadamente, Manuel Adorni no indica lo contrario en el Informe Nº145.
Curiosamente, las respuestas brindadas dan cuenta de prácticamente el mismo porcentaje de desembolsos que informó Francos en abril de 2024 (ver Tabla 1). Cabe recordar que la Agencia I+D+i, el organismo central de financiamiento de proyectos científicos de nuestro país, es la principal entidad ejecutora de dichos créditos. Pese a contar con fondos disponibles, en dos años se desembolsaron apenas 4.85 millones de dólares del crédito del BID 5293 (un 10 por ciento del remanente), y 200 mil dólares del crédito BID 5759.
Sobre el total asignado a la Agencia I+D+i

Con las disculpas del caso por recordar lo evidente, al mismo tiempo que esta subejecución se acentúa, una situación de profunda asfixia financiera compromete al quehacer científico de nuestro país, ocasionando la pérdida de capacidades acumuladas y de personal calificado. La subejecución convive con el hecho de que en las próximas horas, quienes realizan sus investigaciones de doctorado y posdoctorado en la Agencia I+D+i van a cumplir 2 años con su salario congelado. Desde febrero del 2025 no perciben sus recibos de haberes, y en buena parte del país, ni siquiera cuentan con cobertura médica. Según la respuesta a la Pregunta Nº1796 del Informe de Adorni, las becas vigentes del organismo se redujeron a 609 plazas, cuando en el Informe Nº142 eran 1028: 419 personas dejaron de investigar en el organismo. Una reducción del 41%. Una ejecución casi nula.
Pese a que la Pregunta Nº1795 lo indagaba explícitamente, sobre los montos desembolsados de estos créditos no se informa el estado de ejecución, lo cual ensombrece el destino que se dio a ese dinero una vez transferido. Dado que quebrantar las metas de ejecución expone a nuestro país al pago de punitorios, esto constituye claramente un severo incumplimiento de deberes de funcionario público, que alcanza a las autoridades del sistema.
El cientificidio avanza
En el despacho de la diputada nacional Adriana Serquis, quien a su vez es física, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e investigadora principal del Conicet, elaboraron un informe sobre el estado de situación del sector científico argentino a partir de las respuestas brindadas por Adorni. En particular, destacan que el porcentaje ejecutado en el 1er trimestre de 2026 sobre la función Ciencia y Tecnología, respecto del total del Presupuesto Nacional ejecutado en ese mismo trimestre, es de 1,12 por ciento.
Sin embargo, para llegar a ese monto, se incluye en la función Ciencia y Técnica otras funciones como el chatbot Tina, o el Centro Nacional de Ciberseguridad. De hecho, estas funciones representan el 57,4 por ciento del total ejecutado de la cartera. En particular, la respuesta a la Pregunta Nº337 evidencia la fuerte reducción presupuestaria de la función científico-tecnológica: al medir el presupuesto en términos reales, eliminando el efecto de la inflación, se observa una caída del 43 por ciento en tres años. Entre los ejemplos que citan sobre el impacto de esta reducción, destacan la pérdida de capacidades acumuladas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Sobre el INTI, militarizado en las últimas horas para garantizar el cumplimiento de despidos masivos, destacan el proceso de desarticulación de los componentes centrales del sistema con el recorte de más de 900 servicios orientados al sector privado y el debilitamiento del área de metrología legal del Instituto. Se han elevado los aranceles por los servicios que el INTI brindaba entre un 400 y un 800 por ciento, lo que los hace inaccesible por parte de las PyMEs, y se disolvieron acuerdos de colaboración con empresas y Universidades.
Sobre la CNEA, del despacho de Serquis advierten que se evidencia la ausencia de un plan nuclear real. El personal de planta de la CNEA se ha disminuido en estos dos años en 300 personas, y las conducciones de los equipos técnicos constatan cotidianamente la imposibilidad de sostener el funcionamiento de los grupos de trabajo bajo las condiciones actuales. A su vez, Adorni afirma que “al momento de la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, no había ningún proyecto desarrollado para construir” una nueva planta. Sin embargo, en el 2023 ya existía el proyecto, en convenio con INVAP. Se ve que el Secretario de Asuntos Nucleares lo desconoce.
Finalmente, la perspectiva es clara: en un país sin proyecto de desarrollo ni modelo productivo, la ciencia no es solo vista como prescindible, sino que se posiciona, incluso, en un lugar de antagonía. Sostener el quehacer científico es, en este momento, asumir una posición rebelde, y hasta implica riesgos tangibles como los sufridos esta semana por quienes trabajan en el INTI ante la irrupción de fuerzas armadas. Sin embargo, como comunidad, no nos resignamos. No nos resignamos a ser la última generación científica de nuestro país. Seguiremos haciendo lo necesario para sostener nuestros lugares de investigación. Para que quienes siguen tengan con qué quedarse, y para que quienes se fueron tengan donde volver.
*Agustín Ormazábal, becario posdoctoral de la Agencia I+ D+ i.

