Remediar nació en plena crisis, cuando el acceso a tratamientos básicos se había vuelto una urgencia social. Con los años dejó de ser solo una respuesta de emergencia y pasó a convertirse en una de las principales herramientas sanitarias del Estado nacional. Su función era simple de explicar y enorme en sus efectos: comprar medicamentos, distribuirlos en centros de salud de todo el país y garantizar que enfermedades frecuentes pudieran tratarse sin depender del ingreso de cada hogar.
El informe recuerda que, en su etapa de mayor consolidación, el programa llegó a cubrir cerca del 90 por ciento de las patologías más habituales del primer nivel de atención. Su vademécum incluía alrededor de 79 presentaciones farmacológicas. No se trataba solo de hipertensión o diabetes, dos enfermedades crónicas de alta prevalencia. También incluía antibióticos, corticoides, antiparasitarios, sales de rehidratación oral y tratamientos para problemas respiratorios, urinarios, gastrointestinales, dermatológicos y de salud sexual y reproductiva.
En ese sentido, Remediar no era un programa periférico. Era una pieza central de la atención primaria. Permitía resolver en el centro de salud una porción significativa de los problemas cotidianos antes de que escalaran hacia cuadros más graves. Lo que antes se resolvía con seguimiento ambulatorio puede terminar en una guardia saturada o en una internación que podría haberse evitado.
Menos remedios, más guardias
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Aníbal Aristizábal, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), es tajante: “El impacto claramente es negativo. En una sociedad más empobrecida, con caída del poder adquisitivo y aumento de los gastos en salud, sacar una herramienta como Remediar va a ser catastrófico para amplios sectores de la comunidad”.
Para Aristizábal, el golpe va a sentirse primero en los pacientes con enfermedades crónicas y menos recursos. “Si una persona con diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica no puede acceder al tratamiento, la consecuencia será más complicaciones, más eventos cardiovasculares, más progresión de la enfermedad y más muertes prevenibles”, afirma. Y agrega otra advertencia que coincide con el eje central del informe: “Eso va a suceder en todos los centros de atención primaria y va a tener un correlato en los hospitales públicos, con más demanda en las guardias por pacientes que se descompensan porque no pueden sostener sus tratamientos”.
La novedad no está solo en el cierre, sino en la trayectoria previa. El estudio muestra que la retracción ya era visible en distintas jurisdicciones. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la dispensa de medicamentos del programa pasó de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y a 42.966 en 2025. Es una caída cercana al 70 por ciento en apenas dos años, según los datos citados. En la provincia de Buenos Aires, el cuadro también aparece con números duros: entre 2023 y 2026, los centros de salud abastecidos bajaron de 1.617 a 1.132; los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110; y las unidades mínimas de medicamentos descendieron de 10.458.567 a 4.636.253, una reducción superior al 55 por ciento.
Hay además un contexto que vuelve todo más delicado. El trabajo sostiene que el cierre de Remediar ocurre en un momento en que aumenta la demanda sobre el sistema público de salud. Más personas llegan a hospitales y centros de salud después de perder cobertura o quedar afuera de la medicina prepaga. Es decir: justo cuando más gente necesita del Estado, el Estado reduce una herramienta que funcionaba como red básica de acceso.
El costo oculto
El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria agrega un dato político y federal: varias provincias habrían expresado rechazo a la medida y algunas ya tuvieron que avanzar en compras propias para cubrir parte del faltante. Eso abre una discusión menos visible, pero igual de importante. Cuando Nación se retira de una política de alcance federal, las provincias no parten del mismo lugar. Algunas pueden absorber mejor el golpe; otras, en cambio, no. El resultado es una geografía más desigual del acceso a medicamentos. La posibilidad de sostener tratamientos deja de depender de una política universal y pasa a estar atada, cada vez más, a la capacidad fiscal de cada distrito.
La consecuencia económica también es directa. Los medicamentos no son un consumo que pueda postergarse sin costo. Cuando una familia no puede comprar un antibiótico, un antihipertensivo o un hipoglucemiante, no está dejando para después un gasto menor: está poniendo en riesgo un tratamiento. Por eso, la eliminación de Remediar implica una transferencia de costos hacia los hogares, con impacto regresivo. En otras palabras, el ajuste no desaparece: cambia de lugar. Sale del presupuesto público y entra, de forma más brutal, en la economía doméstica de los sectores con menor capacidad de pago.
Aristizábal, de CICOP, lo resume desde la práctica cotidiana del sistema público: “Los más expuestos van a ser los pacientes sin buenos salarios, sin formalidad laboral, sin obra social, los que ya vieron caer sus ingresos y aumentar sus gastos en salud. Si el programa no te lo da y vos no lo podés comprar, sencillamente no hacés el tratamiento”.
La advertencia alcanza incluso al plano productivo. Según el trabajo, el programa también tenía un rol en la articulación con laboratorios estatales y con productores nacionales. No solo garantizaba acceso: también ayudaba a sostener demanda, escala y capacidad de intervención pública en el mercado farmacéutico. Su desarticulación, entonces, no se limitaría al daño asistencial inmediato. También podría debilitar herramientas de política industrial y de regulación de precios.
Conviene hacer una precisión importante: el texto analizado no es un paper biomédico revisado por pares, sino un informe técnico de política sanitaria. Su aporte no está en ensayar una droga o probar una molécula, sino en reunir datos, series y evidencias administrativas para medir el impacto de una decisión pública. Y en ese terreno, su tesis es contundente: cerrar Remediar significa debilitar la atención primaria, aumentar el riesgo de interrupción de tratamientos, cargar más presión sobre provincias y municipios y empujar mayores desigualdades en el acceso a la salud.
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