“El año pasado directamente querían disolver el Instituto a través de las facultades delegadas que le había otorgado el Congreso. El objetivo del gobierno era reducir el INTI a su mínima expresión y volverlo una mera oficina técnica del Ministerio de Economía. Como en su momento resistimos los trabajadores con el apoyo de todo el arco político opositor para que no pueda disolverlo, ahora lo está vaciando”, resalta Yamila Mathon, especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del Instituto, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
Por eso, desde la Asamblea Multisectorial del Instituto se movilizaron para rechazar la iniciativa del Poder Ejecutivo y convocaron a una conferencia de prensa para el martes 21 de abril a las 10 horas. Allí, junto a personalidades del ámbito político, científico y educativo explicarán las repercusiones que la pérdida de los servicios del INTI tendrán sobre la población argentina.
Todo a los privados
No es la primera vez que el gobierno apunta sus cañones contra el INTI. En este sentido, a mediados de 2025 le había quitado su autonomía, pero con un decreto publicado en septiembre dio marcha atrás. Luego, en diciembre del mismo año disolvió el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), una red de laboratorios supervisados por el organismo que trabajaban para validar el peso y la medida de diferentes productos.
Bajo el argumento de la desregulación y del achicamiento del Estado, los trabajadores advierten que este nuevo embate solo sirve para favorecer a los laboratorios privados que realizan las mismas tareas que el INTI. Sin embargo, cuenta Mathon, los actores beneficiados con esta medida no tienen la capacidad del Instituto para satisfacer a las empresas que necesitan los servicios. Por lo tanto, se comunican con los propios trabajadores del organismo para contratarlos de manera informal y que realicen las mismas tareas que ya hacen en el sector público.
“Aunque no competimos, el sector privado no tiene esa capacidad que tiene el INTI para atender a la cantidad de empresas que requieren nuestros servicios. Por lo tanto, están contactando a trabajadoras y trabajadores del Instituto, porque no tienen los recursos humanos ni técnicos para llevar adelante esas tareas. Sin embargo, eso no se puede aceptar porque es incompatibilidad de funciones”, resalta la especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del organismo.
No obstante, los trabajadores que son tentados para realizar la misma tarea en el sector privado se encuentran ante un dilema: por un lado, no podrían aceptarlo por la incompatibilidad de funciones. Pero por otro lado, los salarios que cobran perdieron casi el 40 por ciento de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, por lo que muchos necesitan otros ingresos económicos para llegar a fin de mes.
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