Cada ministerio deberá presentar su plan de adaptación y elegir qué distribución adoptará. Aunque las opciones más populares de software libre son Ubuntu y Debian, el Ejecutivo también trabajará en la formación de coaliciones público-privadas. “La soberanía digital no es una opción, es una necesidad estratégica”, destacó en un comunicado la ministra de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital.
Por su parte, el ministro de Acción Pública y Cuentas, David Amiel, dijo: “Debemos reducir nuestra dependencia de las herramientas estadounidenses y recuperar el control de nuestro destino digital. Ya no podemos aceptar que nuestros datos, nuestra infraestructura y nuestras decisiones estratégicas dependan de soluciones cuyas reglas, precios, evolución y riesgos no controlamos”.
La tecnología es política
A diferencia de Linux, que es un software abierto y libre, construido, modificado y adaptado por miles de personas en todo el mundo según sus necesidades, Windows es un software de código cerrado. Su código fuente no está disponible al público y los usuarios no pueden estudiarlo, compartirlo ni modificarlo. Mientras que el primero promueve el desarrollo colectivo y democratiza la información, el segundo protege su propiedad intelectual y se distribuye bajo licencias de pago.
El cambio que impulsa Emmanuel Macron no es una medida aislada, sino que forma parte de una política que incluye otras iniciativas. En este aspecto, a principios de 2026 el gobierno francés lanzó Visio, una plataforma nacional de videoconferencias para reemplazar a Zoom. No solo se trata de ahorrarse millones de dólares en licencias, sino que el motivo principal está ligado al resguardo de los datos que contienen esas reuniones, que antes se alojaban en servidores que no eran franceses.
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Santiago García Gago, miembro de Radios Libres y especialista en Sociología de la Tecnología, analiza el impacto de la medida: “En primer lugar, es un espaldarazo a todas las políticas que se vienen promoviendo desde distintos movimientos en el mundo para que las naciones empiecen a incorporar un poco estas tecnologías libres. Al mismo tiempo, la noticia vuelve a poner sobre la mesa una discusión respecto a la soberanía de los países. Hay que volver a politizar la tecnología y entender que no es neutra”.
El caso de Francia no es el único del continente, sino que se trata de una iniciativa más amplia que incluye a toda la Unión Europea. En este aspecto, junto a Alemania, Países Bajos, Italia y Luxemburgo, el gobierno lanzó en 2025 el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales, cuyo objetivo es desarrollar infraestructuras digitales abiertas y fortalecer la soberanía digital. Entre otras propuestas, el Consorcio lanzó el Fondo Europeo de Tecnología Soberana.
Qué pasa en Argentina
El plan Conectar Igualdad no solo se trató de entregar notebooks a los estudiantes, sino que también incluyó la dimensión política sobre el sistema operativo. En este sentido, los usuarios podían elegir usar Windows o Huayra Linux, un sistema operativo libre creado específicamente con fines educativos para ofrecer una alternativa al dominio de la empresa estadounidense.
En la actualidad, la discusión por el software libre no es prioridad para el gobierno nacional. En el marco de un Poder Ejecutivo alineado a Estados Unidos, que prioriza la desregulación y la labor de los actores privados, la inclusión de Linux en reemplazo de Microsoft no aparece en el debate público, como sí lo fue en otro momento.
Más allá del sistema operativo, uno de los problemas es que hay instituciones del Estado que usan softwares sin las licencias oficiales. Aunque parece un detalle y es algo que realizan muchas personas en sus computadoras personales, a gran escala pone en peligro los datos de millones de ciudadanos, ya que no tienen soporte ni resguardo legal. “En los últimos años, el gobierno le adjudicó a Microsoft licitaciones por más de 11 millones de dólares. Son licencias que salen carísimas y le cuestan mucho dinero al Estado. Para resguardar los datos de sus ciudadanos, Argentina debe garantizar soluciones tecnológicas sostenibles, interoperables y soberanas”, reflexiona García Gago.
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