El comunicado lanzado recientemente por Abuelas plantea: “El Gobierno nacional ha interrumpido el envío a los consulados de los kits de ADN para que puedan tomar muestras de sangre a personas que dudan de su identidad. Solicitamos a las autoridades, en particular a la Cancillería argentina, que arbitren los medios necesarios para resolver prontamente este tema”. Y continúa: “Esperamos que, con la asunción del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet, se regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y de garantía del derecho a la identidad. Así como hace dos décadas que funciona el mecanismo de la prueba de ADN en sede consular –nuestras nietas y nietos pueden estar en cualquier parte, tal cual se ha comprobado en varios casos–, muchas otras políticas y dispositivos han sido desmanteladas”.
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Ramón Inama, hermano de la nieta restituida 139, plantea: “Esta medida implica un retroceso gigante para la labor de Abuelas en el ámbito internacional. El mecanismo de apropiación que se llevó adelante durante la dictadura implicó, en algunos casos, el viaje de las familias con los bebés apropiados hacia el exterior. Hoy falta encontrar 300 nietos y nietas y puede que muchos de ellos no estén siendo identificados porque están fuera del país por lo que necesitamos que estén esos kits”. Y afirma: “Abuelas es ejemplo de búsqueda en todo el mundo por los métodos que ha generado para identificar personas y ahora no puede hacerlo porque falta la herramienta principal“.
Por su parte, Lucía García Itzigsohn, hija de desaparecidos e integrante de la agrupación H.I.J.O.S, sostiene: “Que el gobierno deje de enviar los kits para tomar muestras de ADN a los consulados es perpetuar los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de que los nietos de las abuelas, nuestros hermanos y hermanas que aún buscamos, son personas desaparecidas actualmente. Omite su deber estatal e interrumpe una política publica que garantiza el derecho a la identidad consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aunque ya son personas adultas”.
No es la primera vez que el gobierno acciona contra la política de derechos humanos. De hecho, hace unas semanas se conoció que el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos –encargado de realizar los estudios para identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos– cayó casi un 60 por ciento en los últimos dos años, después de un crecimiento sostenido durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando recibió su máximo financiamiento en 2022 con 6.100 millones de pesos constantes. En los últimos dos años, el presupuesto cayó un 35,1 por ciento en 2024, 30,1 por ciento en 2025 y este año el presupuesto vigente se deteriora un 5,8 por ciento.
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