A través de un comunicado, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) advirtió que en un sistema democrático, el cumplimiento de la Ley no es opcional. “El gobierno tiene la obligación de garantizar el financiamiento de las universidades y convocar de manera urgente a paritarias para recomponer el salario docente”.
Al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobierno sueña con una nueva norma que lo exima de aplicar la que está vigente y se adecúe a su objetivo. Mientras que la legislación actual obliga a recomponer la pérdida salarial con un aumento cercano al 50 por ciento, el Ejecutivo plantea un reconocimiento inferior al 15 por ciento para 2025, distribuido en cuotas, mientras que no reconoce la diferencia entre los sueldos y la inflación de 2024. Para poder llevarlo a cabo en el Congreso, primero tendrá que dialogar con los rectores y buscar consensos entre aliados y opositores.
El reclamo que realizará la comunidad universitaria tiene dos dimensiones: la individual y la colectiva. En este aspecto, un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Fedun advierte que los salarios de los trabajadores universitarios tuvieron una caída real del 33,7 por ciento en los últimos 29 meses y cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Para volver al nivel que tenían en noviembre de 2023 y recuperar lo perdido en este lapso, deberían aumentar un 50 por ciento.
Este problema, que en principio es individual ya que repercute en los trabajadores y sus familias, se transforma en colectivo: a lo largo de la gestión libertaria ya se consumaron cientos de renuncias en diferentes universidades y facultades de todo el país. Para tomar dimensión del impacto, en la Facultad de Ingeniería de la UBA se fueron alrededor de 200 profesores. No solo hay cursos que se quedan sin docentes, sino que los profesionales mejor calificados salen del sistema público y se deteriora la calidad de la enseñanza.
Al mismo tiempo, los que todavía eligen quedarse tienen que conseguir otros empleos para llegar a fin de mes, lo que les quita tiempo para preparar las clases, corregir, investigar y seguir aprendiendo. Si a esto se le suma el bajo presupuesto que le destina el Ejecutivo a las instituciones para gastos de funcionamiento, el combo es alarmante.
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