Según el último informe de Amnistía Internacional Argentina, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud y las defunciones maternas disminuyeron a la mitad si se comparan los tres años previos a la ley con los tres posteriores. Además, desde su sanción, se implementaron políticas públicas de salud sexual y reproductiva, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), que incluía asesorías de salud sexual en las escuelas y centros de salud. También, se consolidó una política de compra y distribución de los insumos principales para realizar un aborto, como misoprostol y mifepristona.
Ahora bien, según el informe, desde que asumió el gobierno de Javier Milei la política en torno a la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes se deterioró. Entre 2023 y 2025 el Estado nacional redujo en un 83 por ciento la compra y distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y preservativos. A su vez, el Plan ENIA quedó prácticamente desfinanciado, con una asignación presupuestaria equivalente a menos del 3 por ciento de lo invertido en 2023.
Además, más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y casi la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack (tratamiento combinado de ambos fármacos). Por esto, muchas personas evalúan endeudarse para pagar una medicación que debería ser gratuita. La misma cuesta cerca de los 300 mil pesos. Amnistía también alertó sobre el aumento en la cifra de denuncias por obstáculos para acceder al aborto: fueron 406 recibidas en 2025 en comparación con 2024 que fueron 102.
En diálogo con la Agencia, Mariela Galeazzi, directora de Litigio de Amnistía Internacional Argentina, explica: “Javier Milei tomó la decisión de disminuir drásticamente y, en algunos casos, interrumpir la compra y distribución de insumos para acceder al aborto bajo el argumento erróneo de que esto es una responsabilidad exclusiva de las provincias. Esto no es así. De acuerdo a nuestro esquema constitucional, esto es una responsabilidad del Estado nacional y de las provincias”.
Y continúa: “En aquellos casos en los que las provincias no compraron o sí lo hicieron pero no dan abasto, como sucede en Salta por ejemplo, resulta imposible que las personas puedan acceder a la práctica, o esta es demorada, y esa demora es ilegítima”.
La situación en las provincias
Desde Misiones, Carolina Carbó, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Gratuito y Seguro, plantea a la Agencia: “La cobertura es esporádica en esta provincia porque tenemos múltiples obstáculos. En primer lugar, el arco político es ‘provida’ por lo que está en contra de esta política. En segundo lugar, las mujeres que se acercan a los hospitales públicos son señaladas a viva voz, como si estuvieran haciendo algo malo”.
Y agrega: “Una vez que son sorteadas esas barreras, se encuentran con que no hay medicación para llevar adelante el aborto. A muchas se le dice que tienen que viajar a otra localidad y eso solo lo pueden hacer algunas, las que pueden pagarlo. Las que no, van a otro hospital o se quedan con la negativa de que no pueden acceder al aborto”. Una vez más, el aborto parece ser solo para quienes pueden pagarlo.
Por su parte, Valeria Lazarte, también integrante de la Campaña en la provincia de Santiago del Estero, relata: “Nos llegan muchos mensajes a las redes sociales de jóvenes de entre 16 y 25 años principalmente que solicitan información sobre cómo acceder a este derecho. No saben a quién recurrir, a dónde dirigirse ni cómo se realiza. El Estado no da información y, en su lugar, desde la Campaña tratamos de brindarla”.
Además, cuenta, hay centros de salud que no proporcionan de manera correcta la información sobre cómo y qué cantidad de pastillas se deben tomar. “Les han dicho a las jóvenes que tienen que tomar 6, 12, 20 y hasta 30 pastillas. Eso es una forma de aleccionar también”.
En Rosario, Ernestina Saccani, integrante de la Campaña, manifiesta: “El acceso está garantizado por los equipos de salud públicos y el compromiso de las y los trabajadores, pero suele haber dificultades en la distribución de la mifepristona y en el acceso a la Aspiración Manual Endouterina electiva –procedimiento para vaciar el útero–”. Desde la Campaña en esta región del país, exigen al Estado que se resuelvan las dificultades en el acceso a estos dos métodos, que se garantice la canasta de insumos de salud sexual y la compra y distribución de preservativo.
Es ley, pero no alcanza
Carolina Salvatierra, integrante de la Campaña en la zona sur del Gran Buenos Aires, afirma: “La ley está, pero en la práctica quienes gestionamos para que haya información y una correcta aplicación de la misma seguimos siendo las militantes. Faltan consejerías que informen y acompañen a las mujeres que quieren realizarse un aborto”. Y continúa: “Para que la normativa se cumpla, el Estado Nacional sobre todo y luego el provincial y el municipal tienen que tener voluntad política. Hay municipios en la zona sur, oeste o norte del conurbano que están muy ligados a movimientos religiosos, entonces no brindan el servicio como debería ser”.
De hecho, de manera reciente, Amnistía Internacional Argentina denunció que el municipio de San Isidro había enviado un “protocolo” ilegal que los hospitales debían cumplir. “Pedían que quienes solicitaban un aborto, tengan que ratificar esa decisión como tres o cuatro veces. Las querían convencer. Desde hace dos años que pedimos que nos informen cómo se manejaba el municipio hasta que intervino la justicia. Ahí nos enteramos de este supuesto protocolo, algo que sospechábamos por las denuncias que se hicieron”, cuenta Galeazzi de Amnistía.
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