Un informe elaborado por expertos independientes de la ONU señaló que, a 25 años del atentado a las Torres Gemelas, se abrió una era de violencia global que surgió en nombre de la lucha contra el terrorismo y que todavía provoca la muerte de miles de personas. Entre otras violaciones a los derechos humanos, el documento enumeró guerras de agresión, ocupaciones ilegales, crímenes de lesa humanidad y acusaciones plausibles de genocidio. A su vez, destacó las detenciones secretas, las desapariciones forzadas, los secuestros transfronterizos y las torturas disfrazadas de “interrogatorios”. De este modo, explicaron los investigadores, un cuarto de siglo después del 11-S la batalla antiterrorista solo contribuyó a reforzar la represión y el autoritarismo.
“Demasiados gobiernos adoptaron respuestas innecesarias y desproporcionadas que socavaron gravemente los derechos humanos, la sociedad civil, el espacio cívico, la democracia y el Estado de derecho. Nuestra vigilancia mundial durante el último cuarto de siglo ha puesto al descubierto las violaciones más graves del derecho internacional en nombre de la lucha contra el terrorismo”, afirmaron más de 30 expertos independientes de la ONU en el comunicado.
Si el objetivo era luchar contra el terrorismo, las acciones realizadas después del 11 de septiembre de 2001 fueron contraproducentes y sirvieron para alimentar más terrorismo e inseguridad a nivel local y global. Incluso, las violaciones estatales también provocaron ciclos de violencia y obstaculizaron la resolución justa de conflictos prolongados.
A lo largo de 25 años, el informe resaltó que los conceptos de terrorismo y extremismo se politizaron y diferentes gobiernos los utilizaron al punto tal que sirvieron como excusa para imponer leyes excesivas que incluyen detenciones arbitrarias, malos tratos, violaciones de derechos básicos y hasta la pena de muerte en algunos casos. Por ejemplo, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, denunció por terrorismo a un grupo de personas detenidas que se manifestaron frente al Congreso de la Nación contra la reforma laboral en febrero de 2026. A través de un comunicado, Monteoliva afirmó que esos actos de protesta intentaron sembrar “muerte y caos”.
También, bajo la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, el gobierno nacional creó en octubre de 2025 un Centro Nacional Antiterrorista destinado a “coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas”. Bajo el paraguas del enemigo interno y el terrorismo, otro informe elaborado por Amnistía Internacional destacó a mediados de agosto que el gobierno argentino realiza un despliegue incontrolado de la vigilancia con inteligencia artificial que “refuerza una infraestructura tecnoautoritaria de control social”.
No obstante, el Poder Ejecutivo argentino no fue el único que recurrió al terrorismo para justificar acciones de vigilancia, espionaje y persecusión, que todavía se ven más agravadas por la utilización de nuevas tecnologías. En esta línea, gobiernos de diferentes países utilizaron la misma excusa para implementar un sistema de control sobre la población. De esta manera, movimientos sociales, opositores, activistas, periodistas, académicos, científicos y hasta artistas fueron etiquetados como terroristas.
El 11 de septiembre de 2001 no fue una fecha más en la historia de la humanidad. Además de las casi 3 mil víctimas que dejó el atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania (cuyo objetivo original era estrellarse contra el Congreso de Estados Unidos), el 11–S marcó un antes y un después. Con la excusa del terrorismo, diferentes gobiernos llevaron a cabo distintas iniciativas que solo dejaron persecución, represión, autoritarismo, más crímenes y, en algunos casos, más terrorismo.
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