De manera reciente, el Ministerio Público del Trabajo de Brasil presentó una demanda judicial contra Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook y Threads, para exigirle que retire publicaciones que incentivan a empresarios a despedir, vigilar o no contratar trabajadores por sus preferencias políticas. En paralelo, un tribunal frenó el uso no autorizado de notas periodísticas para entrenar algoritmos. Ambos episodios se suman a una serie de cuestionamientos que ponen bajo la lupa las prácticas del gigante de las redes sociales y reabren el debate sobre sus responsabilidades.
Tras las elecciones celebradas en Brasil, el Ministerio Público del Trabajo presentó una demanda judicial contra Meta donde exige la eliminación de publicaciones que incitan a los empresarios a vigilar, revelar, no contratar o despedir a empleados por sus preferencias políticas. Según la Fiscalía, después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, algunos perfiles digitales comenzaron a orientar a empleadores para investigar las redes sociales de sus trabajadores para ver a quién habían votado y despedir a quienes hubieran elegido a un candidato contrario a sus preferencias políticas.
Así, los siete fiscales federales que respaldan la demanda sostienen que Meta es responsable de los contenidos difundidos en sus plataformas y advierten que los mecanismos de recomendación, como la sección “Explorar” y los reels sugeridos, amplifican la circulación de publicaciones que promueven el acoso laboral. De hecho, desde el día posterior al balotaje, las denuncias en este sentido aumentaron más del 75 por ciento, alcanzando 1.459 casos en todo Brasil. La primera audiencia fue programada para el 29 de marzo de 2027 y la acción solicita una indemnización de 50 millones de reales (unos 9,2 millones de dólares) por daños morales colectivos.
Por otra parte, la Justicia concedió una medida cautelar contra Meta que le impide a la compañía utilizar artículos periodísticos para entrenar a su IA en Brasil. El argumento del juez es que la extracción automatizada de contenidos de sitios web periodísticos para alimentar modelos de lenguaje constituye una reproducción de obras protegidas, lo que requiere autorización previa. La multa por incumplimiento es de un millón de reales, es decir, alrededor de 180 mil dólares.
El desafío de regular
Brasil se distingue de otros países de la región al buscar constantemente regular a las plataformas. Sin embargo, los interrogantes abundan: ¿qué se regula? ¿Quién es responsable? ¿Cómo lo toman las empresas? En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas, Javier Pallero, analista de políticas públicas, plantea que el escenario actual tiene una particularidad: “A diferencia de lo que ocurría años atrás donde los gobiernos debían hacer esfuerzos titánicos, las empresas ya no se oponen a todas las regulaciones, sino que buscan sentarse a negociar y obtener beneficios para sí mismos”.
Y continúa: “Ahora bien, la negociación no necesariamente es buena porque lo que hace es reforzar el dominio de las plataformas. Esto es así porque las reglas se hacen a su medida y no a la medida de cualquier eventual competidor. Lo que falta también, y no se suele tener en cuenta, son regulaciones que establezcan competencia, interoperabilidad y compartir infraestructura y recursos técnicos”.
Además, uno de los principales desafíos para los Estados es determinar qué contenidos deben ser retirados o limitados. Para Pallero, la sociedad suele estar de acuerdo con intervenir cuando se trata de proteger a niñas, niños y adolescentes o impedir la circulación de contenidos vinculados con delitos. Sin embargo, las personas suelen oponerse cuando la regulación alcanza temas como la desinformación o los contenidos considerados dañinos ya que requieren interpretaciones. “El que suele interpretar es el Estado que es el que regula, entonces la gente puede acusar que estas normas contienen sesgos políticos que favorecen al gobierno”, detalla.
El especialista define que las políticas que podrían ser mejor bienvenidas y sostenidas a lo largo de los diferentes gobiernos son las que refieren a procesos y no tanto a contenidos. Es decir, transparencia algorítmica, garantizar que los usuarios puedan defenderse y apelar cuando una publicación es eliminada, y establecer obligaciones preventivas para las plataformas.
De todas maneras, Pallero advierte que la distinción entre regular contenidos y procesos no siempre es tan clara. Una norma que obliga a limitar publicaciones potencialmente perjudiciales para menores, por ejemplo, también puede condicionar qué temas recomienda o deja de recomendar un algoritmo. Por eso, considera necesario analizar con cuidado cómo se diseñan las reglas y cuáles pueden ser sus consecuencias políticas.
Un conflicto con antecedentes
No es la primera vez que Meta está en el ojo de la tormenta ni que el gobierno de Lula Da Silva apunta a regular las plataformas de redes sociales. Durante la campaña electoral, el equipo del actual presidente acusó a Meta de restringir de manera selectiva publicaciones vinculadas a preferencias políticas y de que los contenidos que favorecían a la derecha llegaban a un número mayor de personas.
Por ejemplo, tal como mostró este medio, uno de los casos más resonantes fue el del influencer bolsonarista Nikolas Ferreira, quien se convirtió en el diputado más votado de la historia de Brasil. El legislador tiene casi 25 millones de seguidores solo en Instragram y, a través de sus redes, publicó un video donde asociaba a Lula da Silva con contenido sexual para niños y adolescentes. En ese caso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dio 24 horas para eliminarlo, pero el contenido ya se había viralizado, alcanzado números extraordinarios.
Además, Facebook e Instagram mostraban como “sugerencias” las propagandas electorales publicadas en el perfil oficial de Ferreira para los usuarios que no lo seguían en las redes sociales. Algo que contradice una norma judicial de Brasil que impide a los algoritmos de las plataformas entregar propaganda electoral a través de recomendaciones.
También, a inicios de año, el gobierno puso en vigencia el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes que, entre otras cosas, impone verificaciones más estrictas para el control de edad y requiere la supervisión de las familias en el caso de los menores de 16. Inclusive, prohíbe el “scrolleo” infinito y la reproducción automática de videos.
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