En menos de tres meses, la idea de “reestructurar” el INTA se topó con una reacción inesperada para el Gobierno: un rechazo transversal que cruza partidos, cámaras legislativas, universidades, cooperativas y productores. El plan oficial —que combina despidos, venta de tierras y cierre de agencias— encendió alarmas en todo el mapa productivo.
Para la Casa Rosada, el cálculo es fiscal: achicar gastos, liberar inmuebles y podar estructuras que, dicen, engordan la burocracia estatal. Para el interior productivo, la cuenta es otra: cada oficina cerrada es menos asistencia técnica, menos investigación aplicada y menos respaldo a las economías regionales que exportan y generan empleo.
Frente común
La respuesta no tardó en organizarse. Universidades nacionales, colegios profesionales, gremios, asociaciones rurales y cámaras agroindustriales emitieron comunicados uno tras otro. Todos confluyen en un mismo punto: desmontar el INTA no es recortar un gasto, es desarmar la base científica que sostiene la producción de alimentos y la competitividad exportadora.
La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que sigue de cerca cada pronunciamiento, accedió a Voces por el INTA, un sitio que funciona como archivo de respaldo federal. Allí se publican, casi a diario, nuevas adhesiones: gobernadores, concejos deliberantes, cámaras legislativas, asociaciones de ingenieros agrónomos, cooperativas vitivinícolas. Incluso la petición abierta en Change.org superó en pocos días las treinta mil firmas. El mensaje es directo: el INTA no se toca porque su presupuesto no es gasto superfluo, sino inversión productiva.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán, por ejemplo, advirtió en un documento que ya circula por todos los grupos de WhatsApp del NOA: debilitar el INTA es poner en jaque la seguridad alimentaria. Lo mismo planteó Fertilizar Asociación Civil (AC), que nació de ensayos de suelos en Pergamino y hoy recuerda que sin músculo técnico no hay manejo responsable ni agricultura sustentable.
En paralelo, legislaturas provinciales y concejos municipales votan declaraciones para blindar el organismo frente a la intervención directa del Ejecutivo. Incluso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sumó su peso institucional: las universidades públicas también se plantaron.
Organizaciones como Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) aportaron su aval, conscientes de que la ciencia aplicada es un activo que tarda décadas en construirse y se destruye en un abrir y cerrar de caja. En los pasillos de las agencias de extensión, en los campos de ensayo y en cada parcela, se repite la misma palabra: autarquía. Que el INTA siga siendo independiente, manejado por profesionales y productores, al margen de la coyuntura política.
Con todo, en una Argentina que busca dólares en cada tonelada exportada, la discusión no es menor. Hoy, defender el INTA es defender la tecnología que hace competitiva a la agroindustria y protege el trabajo en el interior. Un grito federal que incomoda a Balcarce 50, pero que nadie —ni siquiera el más audaz de los ministros— se anima a callar.
Las universidades también se oponen
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todos los rectores del país, se plantó contra la idea de que el Poder Ejecutivo meta mano de forma unilateral en la conducción del INTA. El organismo, clave para la innovación agropecuaria desde hace casi 70 años, funciona con un sistema mixto: sillas para el Gobierno de turno, para las entidades del campo y para las universidades públicas que forman a los técnicos que después bajan ciencia a los productores. Un esquema que, más allá de la prédica libertaria de recortar estructuras, siempre entregó rindes más altos y tecnología adaptada a cada región. En su comunicado, el CIN pidió diálogo y respeto a los marcos legales, pero entre líneas lanzó una advertencia: no todo recorte pasa sin costo. Si la poda se extiende al INTA, la factura no se paga solo en votos: puede llegar en forma de menos trigo, menos carne, menos exportaciones y, paradójicamente, menos dólares para un Estado que, pese al relato, todavía vive —y bien— del campo al que ahora busca disciplinar desde un sillón de directorio.
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