Una iniciativa para que el Congreso le ponga un freno a la motosierra

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología le pidió a los legisladores que den de baja a los decretos que destruyen el sistema nacional de CyT.

Integrantes de la Mesa Federal durante una jornada en el Congreso. Créditos: @LiaudatSantiago.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, un espacio donde convergen diferentes agrupaciones y organizaciones del sector, envió una carta a los legisladores de ambas Cámaras para que frenen la destrucción del sistema nacional de CyT. El reclamo se da luego de que el Senado sancione el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Este hecho es la señal de un nuevo período político en el que la motosierra de Milei encuentra un freno concreto. Es entonces importante que dicho freno se extienda a acciones parlamentarias que reviertan la preocupante avanzada”, destacaron en un comunicado. Por eso, piden anular los decretos que desfinanciaron, transformaron, disolvieron o fusionaron instituciones como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros.

“Hacemos un llamamiento a los representantes del pueblo y las Provincias a que, en virtud de la Ley 26.122 y del artículo 76 de la Constitución, frenen el accionar de estos decretos perniciosos, así como a las asambleas de trabajadores de la ciencia y la tecnología de todo el país, para que reclamen en igual línea a sus gobiernos locales y sus legisladores”, resaltaron desde la Mesa Federal.

En concreto, el objetivo de la Mesa es anular los decretos 70/2023 (publicado diez días después de la asunción del gobierno y utilizado contra las instituciones de ciencia, tecnología y salud), 351/2025 y 396/2025, que pusieron en riesgo el BNDG, transformaron al Instituto Nacional del Agua y fusionaron el Instituto de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.

A su vez, pidieron que los legisladores declaren la nulidad de los decretos 458/2025, 459/2025 y 462/2025, por los cuales disolvieron el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, el Instituto Nacional del Cáncer, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, al tiempo que modificaron el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INTI y el INTA.

¿Qué sigue ahora para el INTA y el INTI luego del anuncio del gobierno?

En todos los casos, las excusas del Poder Ejecutivo son las mismas: sobrepoblación de personal administrativo, exceso de cargos jerárquicos, objetivos primarios incumplidos, trabas burocráticas y manejo discrecional de fondos. Incluso, las supuestas consecuencias positivas también son calcadas. Más eficiencia, ahorro presupuestario y continuidad de las funciones básicas de cada organismo, son las palabras que se repiten desde el ministerio de Desregulación.

Sin embargo, las estadísticas desmienten el relato y dan cuenta del ataque sistemático del gobierno nacional a la ciencia y la tecnología. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento del sector, que estipulaba que este año la inversión debía ser del 0,45 por ciento del PBI –pero que gira en torno al 0,15 por ciento y es la más baja de la historia–, es solo un botón de muestra. A esta situación se le suman despidos, recortes, jubilaciones anticipadas y salarios por debajo de la línea de la pobreza.

“A un año y medio de gestión, ha quedado evidente para la ciudadanía que, lejos de buscar una “eficientización” institucional, estos Decretos y otras resoluciones similares sólo buscan el vaciamiento de nuestras instituciones científicas y tecnológicas con fines ideológicos y probablemente en busca de negociados inmobiliarios basados en la venta de bienes del Estado”, subrayaron desde la Mesa Federal.

En esta línea, científicos e investigadores de todo el país advirtieron que “de no revertirse estas normativas, presenciaremos la pérdida irreversible de capacidades científicas y tecnológicas que, históricamente, estuvieron a disposición del desarrollo de las economías regionales y de vastos sectores de la economía, del agro y la industria nacional”.