Una cautelar de la justicia pretende un respiro para las universidades, ¿qué hará el Ejecutivo?

Aunque en los últimos días el gobierno comunicó el otorgamiento de una suma de 53 mil millones de pesos extra para las instituciones, la cifra es ínfima.

Segunda Marcha Universitaria realizada en 2024 para reclamar por la Ley de Financiamiento. Créditos: Mariana Nedelcu / El País. — Segunda Marcha Universitaria realizada en 2024 para reclamar por la Ley de Financiamiento. Créditos: Mariana Nedelcu.

En los últimos días, la Ley de Financiamiento Universitario sumó nuevos capítulos y el objetivo es que termine con final feliz. Luego de la derrota que tuvo el gobierno nacional en la Cámara de Diputados, donde votaron en contra del artículo que derogaba la norma, la Justicia Federal otorgó una cautelar para recomponer los salarios y las becas estudiantiles. Ante esta situación, el Ejecutivo modificó el presupuesto 2025 y le otorgó una suma extra de 53 mil millones de pesos a las universidades para sueldos y gastos de funcionamiento. Sin embargo, las autoridades académicas advierten que esa cifra es ínfima, ya que representa un aumento del uno por ciento del presupuesto de 4,8 billones propuesto por el ministerio de Capital Humano para 2026. Para tomar dimensión, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) piden 7,2 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones en el próximo año.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, destaca: “Quieren dar un aumento salarial del 5 por ciento y después del 2 por ciento mensual. Es una limosna, son migajas. Perdimos un tercio del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Por lo tanto, deberían aumentar alrededor del 50 por ciento los salarios y los gastos de funcionamiento. Esta cifra equivale al presupuesto que pide el CIN para que las universidades puedan funcionar con normalidad en 2026”.

Según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina, si se aprueba el presupuesto 2026 de 4,8 billones para las universidades, la caída será del 33 por ciento con respecto al ejecutado en 2023. A su vez, por el lado salarial, el propio Ejecutivo reconoció un atraso de casi 100 puntos con respecto a la inflación en el decreto que suspendió la Ley. Aunque desde algunos sectores especulan que el gobierno nacional cumplirá con la Ley de Financiamiento, otros son más cautelosos y piensan que utilizarán nuevos mecanismos para que su aplicación siga paralizada.

Uno de ellos es Manuel Solá, vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, quien señala en conversación con la Agencia: “No tengo expectativas favorables. Para lograr el equilibrio fiscal y cumplir con las obligaciones que genera el pago de la deuda externa, utilizarán todas las herramientas que tienen para posponer el Financiamiento Universitario”.

Con la Ley aprobada, el veto rechazado y la cautelar del Poder Judicial que obliga a recomponer salarios y becas estudiantiles, el gobierno nacional tiene dos caminos. El primero es aceptar la decisión del Juzgado para actualizar montos, cumplir con la norma y el presupuesto solicitado por el CIN. El segundo es seguir con la estrategia que tuvo hasta los últimos días y encontrar nuevas excusas administrativas para dilatar la aplicación del Financiamiento Universitario y continuar con los aumentos que la Secretaría de Educación dicta de manera unilateral.

En este aspecto, Durán resalta que están dadas las condiciones para el cumplimiento de la Ley. No obstante, también alerta sobre lo que podría suceder en caso contrario: “Tenemos todo a favor, la Ley aprobada, el veto rechazado y la decisión de la Justicia a favor de las universidades. El gobierno debería sufrir una medida de fuerza muy contundente si no aplica la norma, porque será muy difícil que haya cuatrimestre a partir de marzo de 2026”.

Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu (una de las federaciones que nuclea a docentes universitarios de todo el país), agrega en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ: “Si el gobierno avanza con un Presupuesto que desconoce la Ley, el funcionamiento de las universidades está en riesgo. Los docentes respetamos todas las instancias democráticas. Sin embargo, no llegamos a fin de mes y la paciencia se está acabando”.