En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Germán Pinazo, destaca: “Si el Gobierno tiene éxito en aprobar este presupuesto, consolidará el ajuste presupuestario a la educación superior más importante en la historia de la democracia. Argentina terminará el año con el gasto público más bajo de la región para el sector. Ni Chile, ni Perú, ni Colombia, con sistemas muchísimo más privatizados que el nuestro, le dedican tan pocos recursos públicos a las universidades”.
Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (la entidad que nuclea a las universidades públicas nacionales) solicitó 7,2 billones de pesos para sostener el funcionamiento de las instituciones, el gobierno estipula 4,8 billones. Incluso, el presupuesto para 2026 es todavía más bajo que el de 2024 y 2025. A pesar de que el Ejecutivo prevé un aumento del 4,5 por ciento sobre el presupuesto actual, la inflación prevista para 2026 es de 10,1 por ciento.
Para tomar dimensión de las cifras, las universidades públicas señalaron a través de las redes sociales que el presupuesto se redujo un 46,4 por ciento desde 2023 hasta ahora. “De aprobarse la propuesta oficial en 2026, se sumaría un 3,5 por ciento de caída respecto al 2025. Así, las universidades y la ciencia no pueden funcionar. Las Casas de Altos Estudios necesitan un 61 por ciento más”.
Además de recuperar el dinero para gastos de funcionamiento y salarios, la Ley de Financiamiento que el gobierno quiere derogar también apunta a actualizar la cantidad y el monto de las becas estudiantiles. Al mismo tiempo, propone una inversión del PBI hasta el alcanzar el 1,5 por ciento, y un fondo para carreras estratégicas vinculadas a la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.
Para tener una muestra de la situación actual, Pinazo utiliza de ejemplo a un docente que tiene una materia, es jefe de trabajos prácticos, tiene diez años de antigüedad y es doctorado: “En noviembre de 2025 cobró de bolsillo 330 mil pesos. Básicamente, el gobierno les dice a los trabajadores que salgan a manejar en alguna aplicación o que encuentren 4 o 5 perros para pasear un par de horas por semana. Así van a ganar más planta que formándose como doctores para enseñarle a los futuros profesionales del país”.
Garrahan y discapacidad: en la misma
El proyecto oficialista también propone la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establecía aumentos en las partidas del área. En este sentido, diputados de la oposición advirtieron que la medida es inconstitucional, ya que el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera explica que los presupuestos no pueden reformar o derogar leyes vigentes. Al mismo tiempo, a pesar que la Ley de Emergencia Pediátrica no está en el debate, el Ejecutivo afirma ya cumplió con el Garrahan y peligra su cumplimiento para 2026.
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