Mientras avanzan los recortes, crece la preocupación por el impacto en la productividad agropecuaria, la soberanía tecnológica y las economías regionales.
En la Argentina de las discusiones infinitas, hay una institución que desde hace más de seis décadas produce resultados concretos sin hacer demasiado ruido. Pero su impacto se mide en productividad, soberanía tecnológica y arraigo territorial. Es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA). Fundado en 1956, fue concebido con una misión clara: aplicar ciencia al agro, desde la semilla hasta la comercialización, pasando por el suelo, el clima y el productor. La premisa siempre fue la misma: no hacer ciencia desde una oficina en Buenos Aires, sino desde el territorio.
Hoy, opera con más de 350 unidades distribuidas en todo el país, con 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias, 22 Institutos de Investigación y unas 300 agencias de extensión rural. Son cerca de 6 mil agentes, de los cuales más del 70 por ciento tiene formación profesional, y más de 1.500 cuentan con maestrías o doctorados. La ciencia pisa el barro, literalmente.
El resultado es visible. En 2023, el INTA brindó asistencia técnica a más de 130 mil productores. Administra 27 mil hectáreas de campos experimentales, publica más de 700 investigaciones por año, opera laboratorios nacionales en sanidad animal y vegetal, y conserva bancos genéticos clave ante el cambio climático. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por cada dólar invertido en el INTA, la economía recupera entre 4 y 6 dólares en productividad.
¿Qué se pierde cuando el INTA deja de estar?
La estructura federal del Instituto está en riesgo. Avanzan despidos, ventas de inmuebles y cierres de espacios estratégicos. En ese sentido, la pregunta que flota es simple: ¿qué se pierde cuando el INTA deja de acompañar a un productor?
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Carlos Paz, ingeniero agrícola, ex presidente del organismo y ex vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo resume: “Se pierde mucho y perdemos todos. Pierde el INTA, porque parte de su esencia es el contacto con el productor; el productor, porque deja de recibir tecnología apropiada a su territorio; y la sociedad, porque ese vínculo virtuoso garantiza más y mejores alimentos para el consumo interno y la exportación”.
Los datos acompañan la advertencia. En un país donde el 70 por ciento de las exportaciones está vinculado al agro, una mejora del 1 por ciento en la productividad puede representar cientos de millones de dólares. La inversión privada en investigación agropecuaria, según el Banco Mundial, es bajísima: menos del 0,5 por ciento del PBI agropecuario. Si el Estado no investiga, nadie investiga. Y si el INTA se desmantela, el conocimiento queda en manos de unas pocas multinacionales.
La afectación también es profunda puertas adentro del organismo. “Por ley, la Extensión Rural es uno de los pilares del INTA”, recuerda Paz. “Cuando se rompe el vínculo con las comunidades, se resiente no solo el desarrollo local, sino la moral de los técnicos que trabajaron durante años con esos productores”.
¿Qué mensaje le daría a un pequeño productor que hoy se queda sin asistencia técnica? Paz responde: “Que peticione, que demande, que confíe. El INTA ha sido agredido antes y ha sabido volver. Su resiliencia es histórica”.
Una política de Estado en su mejor versión
El INTA no genera bienes, sino conocimiento. Y ese conocimiento impacta de lleno en la vida económica del país. Permite combatir plagas sin agrotóxicos, ensayar cultivos resistentes a la sequía, mejorar suelos degradados, conservar semillas autóctonas, asesorar a cooperativas, pequeños productores y pymes familiares.
A diferencia de otros organismos, sus resultados son públicos, gratuitos y adaptados a la realidad local. Su aporte no se mide solo en papers ni en rankings: se mide en toneladas de maíz, litros de leche, colmenas activas, energías limpias aplicadas y alimentos que llegan a la mesa.
Con todo, discutir su futuro no implica solamente una línea del presupuesto. Es discutir qué lugar ocupa la ciencia en el desarrollo nacional, si se la considera un gasto o una inversión, y si se quiere un agro que dependa del conocimiento local o del paquete importado. En esa ecuación, la ciencia pública tiene un rol insustituible, y el INTA, guste o no, sigue siendo su mejor expresión.
