¿Cuáles son los principales cambios que propone el gobierno para su reforma educativa?

El borrador del proyecto de Ley no menciona la palabra “pública” para referirse al tipo de gestión escolar. Además, se reducen la cantidad de horas y se espera que las instituciones compitan entre ellas.

Dos estudiantes prestan atención a la indicación de su maestra. Créditos: Chequeado.

El gobierno nacional prepara una reforma educativa para la educación inicial, primaria y secundaria. En este sentido, el objetivo es derogar la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) promulgada hace 19 años para aprobar una Ley de Libertad Educativa. Entre los principales cambios, se elimina el piso del 6 por ciento del PBI para Educación, se habilita la enseñanza en el hogar como alternativa, se permite la creación de planes de estudios individuales para cada institución y se reduce la cantidad de horas establecidas por el Consejo Federal de Educación. Ante este panorama, diferentes miembros de la comunidad educativa ya se pronunciaron contra el intento del Ejecutivo. Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó “la privatización y destrucción de la Educación Pública”. Al mismo tiempo, los directores de las carreras de Educación de las universidades nacionales exigieron el cumplimiento pleno de la ley vigente.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, dos especialistas analizan la propuesta y alertan sobre los ejes más problemáticos. “Es una ley muy regresiva que no respeta la Constitución Nacional. El proyecto habla de libertad de enseñar y libertad de aprender, que es una forma muy engañosa de justificar una desregulación plena del sistema. Lo que hace es que cada escuela tenga su propio plan de estudio, que pueda contratar y expulsar a su personal docente y a sus directores”, sostiene Guillermo Ruiz, investigador del Conicet y especialista en política educativa.

Por su parte, Roberto Abdala, director de la licenciatura en Educación de la UNQ, agrega: “El proyecto no pretende disminuir ninguna desigualdad educativa, y en el peor de los casos la agrandará. Al estar asociada a Paolo Rocca (empresario que estaría detrás de esta iniciativa) y al mundo empresarial que representa, se la puede tomar como la base de cómo conciben las relaciones sociales y laborales en su proyecto desigual de país”.

Lo estatal, lo público y lo privado

Ambos especialistas coinciden en que el proyecto denominado como Ley de Libertad Educativa atenta contra la educación pública y corre al Estado de su rol establecido por la Constitución. En este aspecto, Ruiz destaca que el documento equipara ambos tipos de educación (pública y privada) y que incluso ni siquiera utiliza la palabra “pública” para referirse al tipo de gestión escolar.

Una de las modificaciones centrales gira en torno al papel del Estado. Mientras que la Ley de Educación Nacional afirma que el Estado argentino tiene un rol principal e indelegable, la Libertad Educativa va a contramano y establece que “el Estado debe intervenir de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación”.

Aunque parece una definición técnica, la centralidad y la complementariedad definen la tarea del Estado. De esta manera, el intento del gobierno pasa por delegar la responsabilidad en la sociedad civil, y equiparar la gestión pública con la privada como si fuese lo mismo. En este punto, Abdala señala que la nueva iniciativa “parece ser más amigable con las subvenciones al sector privado, algo que podría llevar a cambiar la lógica y financiar la demanda en vez de la oferta”.

Igualdad vs. Competencia

Si bien las escuelas y los docentes cuentan con diferentes instrumentos que caracterizan la singularidad de cada establecimiento (los proyectos institucionales son un ejemplo), hasta ahora, las provincias son las que definen los diseños curriculares y los temas prioritarios de cada área. En este aspecto, lo que se busca es la igualdad de saberes y el logro de aprendizajes comunes de calidad sin importar el origen social, la radicación geográfica, el género y la identidad cultural.

Ahora bien, la propuesta del gobierno apunta a que cada escuela defina sus propios contenidos. Bajo la autonomía institucional y la libertad educativa, lo que hay detrás es una nueva lógica de organización. “De esta manera las escuelas se vuelven una mercancía donde tratan de ser más competitivas y tener mejores currículums para atraer a los mejores estudiantes y a los mejores docentes”, subraya el investigador del Conicet.

Y continúa: “Por eso, es entendible que no se hable de una educación pública y que no se contemple a los sectores más pobres de la sociedad, que no tienen esa capacidad de armar currículum porque además tienen que atender comedores y cuentan con condiciones edilicias que son deplorables”.

Además de la competencia, el documento habilita la educación híbrida (a distancia y presencial) y la posibilidad de que cada estudiante abandone la institución para que aprenda desde su hogar. “Hay un lobby al respecto, pero en nuestro país es mínimo. En Estados Unidos representa entre el 3 y el 7 por ciento de la matrícula total. Al mismo tiempo, refuerza el rol de las familias y les da la potestad de intervenir en asuntos que son solo de las autoridades provinciales”, explica el director de la licenciatura en Educación de la UNQ.

¿Estudiantes al salón?

Argentina no es el primer lugar en el mundo donde se intenta establecer una legislación de este tipo. De hecho, un proyecto similar se llevó a cabo en Gran Bretaña y los resultados fueron más desigualdad educativa. Frente al reclamo de mayor cantidad de horas en las aulas, la denominada Libertad Educativa reduce la cantidad de horas establecidas por el Consejo Federal de Educación.

Mientras que el proyecto establece 540 horas reloj anuales para la Educación Inicial y 720 para la Educación Primaria y Secundaria, el Consejo Federal contempla un piso mínimo de 570 horas para el Nivel Inicial, 760 para Primaria y 900 para Secundaria. Es decir, la nueva medida representa una regresión de 30 horas menos para jardín, 40 horas menos para Primaria y 180 horas menos para secundaria.