“Desde la primera versión de la Ley, se fundamentó que era necesario eliminar el conjunto de regulaciones que impiden que el mercado de trabajo funcione libremente. Según sostenía el gobierno, estas desregulaciones iban a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hasta ahora, esos resultados no se están dando”, sostiene el docente del Diploma de Posgrado en Gestión Estratégica de las Personas en las Organizaciones que se dicta en la UNQ.
Los dos puntos principales del capítulo dedicado al trabajo tienen que ver con la promoción del empleo registrado y la modernización laboral. Esto implica, entre otras cosas, el “blanqueo” de trabajadores, la extinción de la acción penal a favor del empleador, la condonación de infracciones y sanciones, la baja del Registro de Sanciones Laborales y la condonación de deudas por capital e intereses.
A su vez, se estableció la extensión del período de prueba hasta un año y, durante ese tiempo, el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización por antigüedad. Además, Seijo añade: “La Ley Bases elimina multas por trabajo en negro, cambia el sistema de indemnizaciones y legaliza la precarización laboral. Se sostiene que este conjunto de políticas laborales, que podemos llamar ‘flexibilización laboral’, generan incentivos en los empresarios a contratar trabajadores”.
En la práctica, los resultados fueron distintos: “Si comparamos el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino publicado en julio de 2024 y el último correspondiente a marzo de este año, vamos a ver que el total de trabajadores registrados se redujo en 434.600 puestos de trabajo”, detalla Seijo a la Agencia.
Asimismo, en lo que respecta a las empresas, el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), una asociación de pequeños y medianos empresarios de la industria nacional, demostró que entre enero de 2024 y enero de 2025, cerraron 12.259 empresas, reduciendo el total de unidades productivas a 499.371. En diálogo con El Economista, Daniel Rosato, presidente de IPA, denunció que las políticas actuales no protegen a las fábricas locales, que enfrentan desventajas frente a productos importados beneficiados por subsidios y financiamiento extranjero. En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, organismo encargado de asistir a estas empresas, está siendo desguazado y resiste frente a despidos y la amenaza del gobierno de centralizarlo.
En otros momentos de la historia argentina, como durante el macrismo o el menemismo, también se impulsaron políticas de flexibilización laboral. “El período más largo de aplicación de estas medidas fue en la década de 1990 con varias reformas laborales flexibilizadoras. El resultado fue el aumento de la tasa de desempleo de entre el 8 y el 24 por ciento entre 1989 y 2003”, analiza Seijo. De hecho, un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo demuestra que no existe una relación entre una menor protección de los trabajadores y un mayor crecimiento económico y creación de empleo. El estudio analiza datos de 63 países, incluyendo las economías más avanzadas, así como diversos países de África, de Asia y de América Latina, durante un período de veinte años.
