Lo que para algunos parece un recorte burocrático, para los pueblos significa huertas sin asistencia, tambos sin asesoramiento y productores aislados. Se pierden décadas de conocimiento aplicado, investigación sobre semillas resistentes, sanidad animal y adaptación al cambio climático.
Entre los 286 trabajadores en disponibilidad, más de 140 son investigadores de carrera, especializados en biotecnología vegetal, sanidad animal, suelos y pasturas, y estudios sobre cambio climático. Cada proyecto detenido representa un retroceso en la capacidad del país para enfrentar sequías, enfermedades ganaderas o fenómenos extremos. Investigadores con 20 años de trayectoria podrían perder sus puestos si no son reubicados en 12 meses, dejando a la ciencia agropecuaria en una situación crítica.
El golpe más inmediato no afecta a la gran agroindustria, sino a la agricultura familiar. El INTA cuenta con más de 300 agencias de extensión rural que brindan asistencia técnica a pequeños productores, enseñando cómo mejorar cosechas, prevenir plagas y conservar semillas. Gran parte de los técnicos que recorrían estos territorios hoy están en disponibilidad. Para los pueblos, esto significa ausencia de apoyo estatal, pérdida de conocimiento aplicado y dificultades para sostener la producción familiar.
Disponibilidad: antesala de la cesantía definitiva
Estar en disponibilidad implica que el trabajador deja su puesto, cobra un haber especial y espera ser reubicado. Si en 12 meses no hay destino, la cesantía se hace efectiva. El recorte afecta directamente a la investigación, desmantela la red territorial del INTA y debilita la producción de conocimiento público. Los proyectos plurianuales corren riesgo de paralización, y la asistencia técnica en todo el país queda comprometida.
El ajuste alcanza a estaciones experimentales y agencias de extensión en todo el país:
- Castelar (Buenos Aires): proyectos de semillas resistentes a sequías suspendidos.
- Balcarce (Buenos Aires): programas de pasturas y producción animal desarticulados.
- Rafaela (Santa Fe): pequeños tamberos sin asistencia directa en sanidad bovina.
- Patagonia: investigación en ovinos y caprinos en climas extremos interrumpida.
- NOA y NEA: estudios sobre hortalizas, frutales, arroz, yerba mate y algodón paralizados.
Es decir, afecta tanto a científicos y técnicos como a los productores que dependen de su conocimiento. Para el Gobierno, la medida representa un “ordenamiento administrativo”. Para los sindicatos, se trata de una represalia política luego de la derrota en el Senado y la cautelar que frenó cesantías previas. Más allá de la disputa, el costo tangible es innegable: el agro argentino pierde técnicos, científicos y proyectos estratégicos. Lo que se recorta no es burocracia: es futuro y conocimiento aplicado que sostenía la producción nacional.
El INTA no es solo un organismo estatal; es una red que conecta ciencia, territorio y productores. La resolución 1240/2025 rompió un sistema construido durante décadas. Lo que se destruye no se mide en números: son semillas que no se prueban, tambos que pierden eficiencia y productores que quedan sin apoyo. El ajuste puede pasar desapercibido en los despachos oficiales, pero en los pueblos se siente como un vacío imposible de reemplazar. Con todo, la pregunta final queda flotando: ¿quién investigará lo que el mercado nunca investiga?
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