Transformar desde la universidad: ¿por qué es necesaria la perspectiva de género?

Las casas de estudio se las rebuscan en un contexto de ajuste para afrontar la violencia de género. La Ley Micaela como principal apuesta a sostener.

El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela encendió las alarmas de gran parte de la sociedad e incitó a los feminismos a volver a salir a las calles para reclamar políticas contra la violencia de género. Según el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, desde que inició el año se registraron 178 femicidios en el país y ocurre 1 cada 36 horas. En ese marco, las miradas apuntan a qué estrategias llevan adelante las distintas instituciones para lograr revertir esta situación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para el año 2022, más de 6 mil funcionarias y funcionarios de 52 ministerios y organismos realizaron el curso de Ley Micaela, que capacita en género y violencia contra las mujeres a las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede en las universidades?

“Las universidades cumplen una función clave en la sociedad, y la adopción de la perspectiva de género es fundamental para lograr lo que queremos: dignificar la relación humana, que no haya más primacías de género ni violencias de género. En ese sentido, las universidades nacionales dieron un salto del que no hay vuelta atrás y que sirve para construir otros acervos y otras conductas”, explica la socióloga feminista Dora Barrancos a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Así, en 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) en un acto inaugural llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Martín con la participación de más de 20 universidades, facultades e institutos. Tres años más tarde, fue incorporada al Consejo Interuniversitario Nacional y, al día de hoy, más de 65 instituciones profundizaron su agenda feminista y las políticas de géneros y diversidades.

De esta manera, por ejemplo, según un informe de RUGE, para 2020 el 93,3 por ciento de las instituciones universitarias habían adherido a la Ley Micaela. Asimismo, en una encuesta de la que participaron 45 de 66 universidades (como la de Quilmes, Chilecito, Santiago del Estero, Avellaneda o Entre Ríos) que conforman el CIN, el 64 por ciento de las instituciones universitarias pudieron aplicar las capacitaciones de la Ley gracias a fondos propios, mientras que un 42 por ciento lo hizo a partir de contar con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias.

En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, que de manera reciente presentó su último informe de gestión 2021-2025 del Programa Institucional de Género y Diversidad, casi 600 personas aprobaron el curso de Ley Micaela. De este total, el 66 por ciento corresponde a mujeres y el 34 por ciento a hombres.

“De todas maneras, las políticas de crueldad de este gobierno atentaron contra estos programas. Hay muchas instituciones que no tenían presupuesto propio y dependían de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero eso desapareció. En el caso de la UNQ, no sólo se fortaleció sino que, además, se sostuvo en un contexto de ajuste y regresión”, cuenta Patricia Sepúlveda, coordinadora del Programa Institucional de Género y Diversidad de la UNQ, a la Agencia.

Sensibilizar frente a la crueldad

En otras casas de estudio, como la Universidad Nacional de San Martín, además de la Ley Micaela, presentan herramientas como el formulario de solicitud de registro de nombre conforme la Ley de Identidad de Género, protocolos ante situaciones de violencia de género, emisión de títulos no binarios, el cupo laboral travesti trans o la promoción de lenguaje inclusivo. En el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, además del protocolo en casos de violencia, cuentan con una “Consejería Integral en Salud y Derechos Sexuales y (no) Reproductivos”.

Asimismo, la UNQ ofrece un Taller de sensibilización para varones de sobre Género, Diversidades y Prevención de la Violencia y avanzó en el respeto de la identidad autopercibida cambiando el nombre según figura en los documentos. También, incorporó el cupo laboral travesti trans y se ofrecieron becas, talleres, cursos y capacitaciones para asegurar el acceso y la continuidad de los estudios de las personas trans, travestis y no binarias.

Inclusive, desde la UNQ, también realizaron jornadas de reflexión sobre temáticas de género y convenios con otras instituciones, como el municipio de Quilmes, el ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, el entonces ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes y la Universidad Nacional de San Juan.

Además, lanzaron una encuesta de satisfacción sobre las políticas de género para conocer el alcance que tuvieron. Así, por ejemplo, notaron que las becas resultaron ser las más conocidas entre los participantes, seguidas por la Ley Micaela, el Programa Institucional de Género y Diversidad y el uso del lenguaje inclusivo en las producciones universitarias. En 2025, crearon la Red de Género, un espacio que tiene como objetivo luchar contra las violencias por razones de género y transversalizar la perspectiva de la equidad de género en los espacios de la UNQ.

Barrancos define: “No se puede pensar la violencia de género como algo ajeno. Paradójicamente, el triple femicidio que ocurrió en Florencio Varela encendió todas las convicciones del movimiento nuevamente. No sólo no nos pasamos tres pueblos, sino que estamos a mucha distancia todavía de conseguir la equidad solvente en nuestra sociedad. Y en eso, las universidades cumplen un rol fundamental”.