Las universidades van a la Justicia para que se cumpla la Ley de Financiamiento

La iniciativa se decidió luego de que el gobierno suspendiera la aplicación de la norma. Además, buscarán que el Congreso incluya los recursos necesarios para el presupuesto 2026.

Rectores y rectoras del CIN en la Facultad de Derecho de la UBA. Créditos: CIN.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) irá a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo decidieron de forma unánime los rectores y las rectorea en una reunión presencial y virtual que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA. Al mismo tiempo, los representantes de las universidades buscarán que el Congreso incluya los recursos económicos necesarios para la ejecución de la Ley en el presupuesto 2026.

Después del rechazo al veto en ambas Cámaras del Legislativo, el presidente de la Nación promulgó la norma. Sin embargo, una vez más, apeló a la excusa del equilibrio fiscal para suspender su aplicación. “El impulso de una medida como la presente incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, fue el argumento publicado en el Boletín Oficial. Ante esta situación, las máximas autoridades de las Casas de Estudio agotarán todas las instancias para que el Ejecutivo cumpla con las reglas democráticas.

Alfredo Alfonso, rector de la Universidad de Quilmes que participó de la reunión junta a la rectora electa Alejandra Zinni, cuenta en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ: “En la reunión se explicaron los grados de inconstitucionalidad del decreto, y de forma unánime decidimos ir a la Justicia y reclamarle al gobierno para que pague lo que corresponde por ley. Fue una plenaria que se convocó de un día para el otro y la presencia fue masiva”.

“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la Ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la norma”, sostuvo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del CIN, durante la reunión que se llevó a cabo en la UBA.

A pesar de que la Ley recorrió todos los caminos estipulados por la Constitución y el Congreso rechazó el veto, el presidente insiste en no aplicarla. Por eso, el CIN apuesta a la vía judicial y a la vía legislativa. Además de las demandas ante la Justicia, el objetivo es que el tratamiento y la aprobación del presupuesto 2026 quede atado, entre otras cuestiones, al cumplimiento del Financiamiento Universitario.

Al mismo tiempo, los trabajadores de las universidades realizaron paros y jornadas de visibilización entre martes y miércoles. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) sostuvieron a través de un comunicado que el gobierno no solo “desconoce la división de poderes y vulnera derechos conquistados”, sino que su demora “implica un retroceso en materia de educación y justicia social”. Por su parte, desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) llamaron a votar en las próximas elecciones legislativas a “los candidatos que defiendan a las Universidades Públicas y la democracia”.

Situación límite

Una de las cuestiones a destacar en los argumentos del decreto que suspende la aplicación del Financiamiento Universitario es que el propio gobierno reconoce el retraso salarial que enfrentan los trabajadores. En este sentido, el texto advierte que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios se incrementaron en un 128,49 por ciento. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor fue de 220,45 por ciento. Por lo tanto, los sueldos están al menos en 92 puntos por debajo de la inflación medida por el Indec. Para recuperar la pérdida, el gobierno debería otorgar un incremento salarial superior al 40 por ciento.

La Ley que fue votada cuatro veces en el Congreso no solo busca recomponer los salarios, sino que también apunta a actualizar los gastos de funcionamiento, la ampliación del monto y la cantidad de las becas. Al mismo tiempo, estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031, y crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.

¿Qué implica la asignación de 4,8 billones que el presidente anunció para las universidades en 2026?

Según el Ejecutivo, el cumplimiento total de la Ley requiere de un poco más de un billón de pesos ($1.069.644.600.000) para el presupuesto de 2025. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, explican en el Boletín Oficial.

Sin embargo, diversos especialistas en economía advierten que no se trata de una cuestión de dinero, sino más bien ideológica. De hecho, si se tiene en cuenta los 20 mil millones de dólares que le dio a Argentina el gobierno de Estados Unidos y el valor actual de la moneda norteamericana, se necesitaría menos del 4 por ciento de ese dinero para la aplicación de la norma en 2025 (casi 719 millones de dólares a un valor de 1487,75 pesos por dólar).