
“Lo que anunció el presidente no es otra cosa que el mismo valor que hoy estamos cobrando las universidades, multiplicado por los doce meses del año y con los aumentos previstos para 2025. Por lo tanto, no soluciona absolutamente nada respecto a lo que está pasando ahora y vamos a estar en peores condiciones si no se aprueba la Ley de Financiamiento Universitario”, afirma Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
En este aspecto, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso, explica en conversación con la Agencia: “A pesar de que el gobierno prevé un aumento del 4,5 por ciento con respecto al presupuesto 2025 para las universidades, la inflación prevista para 2026 es de 10,1 por ciento”.
Lejos de recomponer la situación, el gobierno la empeora. Así las cosas, desde la UBA advierten que la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado este año y la inversión más baja de los últimos 20 años. Esto no solo se debe a la diferencia del 5,6 por ciento por debajo de la inflación para el año entrante, sino que el propio Ejecutivo admitió en el último veto que el salario de los trabajadores debería aumentar un 40 por ciento para equipararse con la suba de los bienes y los servicios medida por el Indec.
Una de las cuestiones centrales de la cadena nacional es que el presidente reconoció de forma implícita que el ajuste no lo pagó la casta o la política, sino que cayó sobre los hombros de los estudiantes, los trabajadores y los jubilados. Aunque aseguró que “lo peor ya pasó” y pidió “no aflojar”, sus palabras se asemejaron a las de otros mandatarios que eligieron el mismo plan económico.
Desde el gobierno nacional advirtieron que la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo superior a un billón de pesos y que promulgar la medida “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas” del país. Sin embargo, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, resaltó en conferencia de prensa que esa inversión es del 0,14 por ciento del PBI.
Con este marco, la comunidad universitaria prepara la Tercera Marcha Federal que se llevará a cabo no solo frente al Congreso de la Nación, sino en las principales ciudades del país. El horario de la movilización será por la tarde y coincidirá con el tratamiento del veto en la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores podrán dar el primer paso para torcer el rumbo (la discusión pasaría luego al Senado), o ratificar la decisión del Ejecutivo y profundizar la crisis educativa.

