Buscan reducir errores en ADN y prevenir enfermedades. La OMS exige precisión y control a largo plazo. El debate legal y ético se enciende en el mundo y en el país.
El laboratorio y la línea roja
Del lado técnico, Preventive no atendió pacientes. Probó precisión y seguridad en modelos celulares y, eventualmente, en embriones no implantables. Apuntó a herramientas más finas que el CRISPR-Cas9 clásico —una tijera genética que corta el ADN en un punto—, como el base editing (cambio de una sola “letra” del ADN sin cortar todo) y el prime editing (corrección o inserción precisa de letras, tipo “buscar y reemplazar”), para reducir errores. Se presentó como public benefit corporation (empresa con fines de lucro que asume por estatuto un compromiso de beneficio público) y dijo que su objetivo era prevenir enfermedades monogénicas, como la fibrosis quística, en familias sin alternativas reproductivas seguras. En medio del revuelo circularon versiones sobre una pareja interesada; Harrington lo negó. La línea roja se mantuvo: explorar y prevenir no es lo mismo que implantar.
Si hace falta una imagen sencilla: el ADN funciona como un manual de instrucciones de miles de páginas. Editar genes es corregir una letra para que la palabra vuelva a decir lo correcto. El riesgo está en el “corrector”: si aprieta de más, puede llevarse palabras, renglones o medio capítulo. Para mantenerlo a raya, las pruebas se hicieron en laboratorio, sobre células y embriones no implantables: fuera del cuerpo y sin embarazo.
El freno legal en Estados Unidos fue doble. La enmienda Dickey-Wicker, vigente desde los noventa, impidió usar fondos federales en trabajos que creen o destruyan embriones. Además, una cláusula del Congreso le prohibió a la FDA (el ente regulador equivalente a Anmat en Argentina) siquiera evaluar pedidos de ensayos con modificaciones heredables en embriones destinados a embarazo.
Con ese corsé, algunas compañías miraron hacia afuera. Emiratos Árabes Unidos apareció en el mapa como un posible destino con reglas más flexibles en reproducción asistida, con screening genético de gametos y embriones. El detalle sobre edición fue difuso y dependió de autorizaciones puntuales. Harrington dijo que un movimiento fuera de Estados Unidos sería por razones regulatorias, no para esquivar controles.
La pregunta incómoda queda flotando. ¿Se trata de prevenir o de elegir? El eslogan seduce: corregir temprano es más fácil que tratar después. Pero entre curar y mejorar hay un hilo más fino que un filamento de ADN. Bioeticistas y genetistas advirtieron sobre la desigualdad —quién pagaría nacimientos “optimizados”— y sobre la pendiente hacia una eugenesia versión siglo XXI. La ciencia venía avisando, además, que la edición en embriones era frágil. Las academias científicas publicaron en 2020 una hoja de ruta clara y la OMS, en 2021, un marco de gobernanza en la misma dirección: no avanzar a embarazo hasta demostrar precisión, seguridad y controles a largo plazo. El caso He Jiankui todavía late como una alarma que nadie quiere volver a oír.
La cancha local: vacío legal y desigualdad
En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Ignacio Maglio, abogado especializado en bioética y vicepresidente de la Redbioética de UNESCO, lo dice sin anestesia: el problema no es solo de laboratorio, es jurídico y social. Quién accede, quién queda afuera y hasta dónde se tolera la selección de embriones.
“No existe un marco regulatorio integral. Hubo intentos en 2015 de llevar el asunto al Código Civil, pero naufragaron. Una cláusula proponía que los embriones recién tuvieran características de persona al ser transferidos. No prosperó por interferencias religiosas o morales. Hoy la única base con alcance es la ley de acceso a tecnologías reproductivas, que obliga a cubrir hasta tres procedimientos de alta complejidad por año. Es un avance, pero queda corto frente a lo que ya ocurre en clínicas y laboratorios”, dice Maglio.
De un lado, lo terapéutico: prevenir enfermedades o evitar que un futuro niño nazca con una dolencia. Del otro, la llamada medicina del deseo: mejorar al futuro hijo según parámetros que no son médicos. “Las primeras deberían garantizarse. Las segundas no deberían promoverse ni financiarse porque lindan con la selección genética y hasta racial”. Y dejó una frase que explica la urgencia mejor que cualquier paper: “Un Estado que no regula regala salud.” La consecuencia se ve en la calle. Quien tiene recursos o un buen seguro accede a diagnósticos prenatales avanzados, selecciona embriones y descarta los que muestran ciertas predisposiciones. Del otro lado quedan, sobre todo, mujeres jóvenes y pobres, sin tecnología ni acompañamiento. La desigualdad no es un daño colateral: es el centro de la escena.
Con todo, Preventive juró prudencia y habló de responsabilidad. Pero la responsabilidad, en singular, no alcanza. Hace falta que la ciencia sostenga sus tiempos, que la ley ponga límites, que el capital no confunda ambición con permiso y que la sociedad pregunte antes de aplaudir. Editar embriones no es un truco de laboratorio. Es decidir qué país se quiere cuando alguien diga: “Felicitaciones, es…”.
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