“En el caso de las trabajadoras de casas particulares, sucede también que son las más despedidas tanto en el sector formal como el informal. El monitoreo del impacto que tienen la no actualización del presupuesto 2024 y el recorte en las políticas de cuidado nos permitió ver que la autonomía económica de las mujeres es la variable de ajuste”, relata Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del Cels, a la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
Así, el informe da cuenta que de las cincuenta políticas de cuidado que existían, tan solo quedaron vigentes cinco, como la Ley Brisa (reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las infancias y adolescencias víctimas de violencia familiar o de género) o el subsidio para un auxiliar de cuidado que otorga PAMI. “Hay una intención de eliminar lo relativo a las políticas de cuidado y reprivatizarlos. En otras palabras, este modelo de Estado atiende a los grandes capitales y no a las necesidades y derechos de las personas. Al eliminar 45 políticas, el Estado deja de apoyar. Quienes pueden pagar lo hacen y quienes no quedan afuera”, explica De la Vega.
Por ejemplo, continúa la abogada, están quienes no pueden abonar un espacio de cuidado comunitario para las infancias y estas quedan a cargo de los hermanos. De igual manera sucede con las personas mayores que no pueden permitirse económicamente un cuidador y esto recae sobre un familiar. Además, no hay que perder de foco el hecho de que una gran parte de las personas deben tener hasta dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes, lo que repercute en su calidad de vida.
En esta línea, el informe detalla que la brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos seis años: pasó del 21 al 26,3 por ciento en un año. Además, un millón de niños y niñas quedaron sin asignación familiar por recortes en los topes de ingresos y por despidos.
En lo que respecta a las personas mayores, el informe data que solo el 23 por ciento de las mujeres que hoy tienen sesenta años cuenta con más de 25 años de aporte para jubilarse. Teniendo en cuenta que el próximo 23 de marzo cesa la moratoria previsional que permitía obtener aportes a quienes no los tengan, “se quita la posibilidad de que la mayoría de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ pueda jubilarse”, define la coordinadora ante la Agencia.
¿Y las disidencias? ¡Afuera!
El Cels rememora los primeros ataques de este gobierno a las disidencias con la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de la subsecretaría de Diversidad del exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Así también, discontinuó el Programa de Fortalecimiento de Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que otorgaba a modo de reparación y por única vez seis salarios mínimos a quienes no tuvieran empleo formal.
A su vez, el cupo laboral trans también retrocedió. Para noviembre de 2023 había alcanzado su pico máximo con 955 personas contratadas, es decir, el 17 por ciento del cupo a cumplir. De esas, en 2024 al menos 150 personas fueron despedidas. De la Vega añade: “A esto se le suma la prohibición por decreto de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años”, a pesar de que la ley reconoce la autonomía progresiva de los adolescentes
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