Cientificidio: avanza la motosierra contra más organismos

El gobierno nacional recortó la autonomía del Instituto Nacional del Agua y además fusionó otras dos instituciones del sector.

El gobierno nacional le quitó la personería jurídica al Instituto Nacional del Agua, un organismo descentralizado, y pasó a depender del ministerio de Economía. A su vez, oficializó la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). Mientras que el ministro de Desregulación festejó la medida, diferentes voces alertaron sobre las consecuencias de estas modificaciones. Más allá de la pérdida de puestos de trabajo y de funciones científicas y tecnológicas, los tres organismos están ligados a la vigilancia y el cuidado de dos recursos naturales que tiene Argentina y que son demandados en el mundo debido a su escasez: agua y minerales.

En relación al Instituto Nacional del Agua, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes conversó con Leandro Kazimierski, investigador del INA y docente de la UBA. “Es una disolución encubierta intentando contemplar lo que dice la Ley Bases. Al sacarle al Instituto su jerarquía legal de organismo descentralizado, liquida las funciones para las que fue creado, solo lo deja como una mera oficina dentro de la Secretaría de Obras Públicas”, señala en relación al decreto 396/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El INA fue creado en 1973. Hasta la publicación del Decreto, entre otras cosas, monitoreaba la calidad del agua en los ríos, observaba los ambientes costeros y realizaba modelaciones avanzadas para obras hidráulicas. Es decir, se encargaba de estudiar, vigilar y gestionar el agua, un recurso estratégico para el país y el mundo. En este sentido, sus trabajadores advierten que la centralización le impide firmar convenios con otros entes del Estado, universidades y empresas de todo el mundo. Además, paraliza muchas actividades del Instituto y pone en riesgo los puestos de trabajo.

“Ningún país del mundo funciona sin un organismo similar al Instituto Nacional del Agua. Si los organismos técnicos de acá dejan de ocupar el espacio, lo ocuparán con recursos desde el exterior. Así, Argentina perderá independencia, le guste a quien le guste. Cada uno de los institutos de ciencia y tecnología peleamos por el crecimiento de la nación, y cada paso que damos es para eso”, afirma Juan Borús, responsable de Modelación y Pronóstico Hidrológico del INA, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Fusionar, ¿para qué?

Además de quitarle la personería jurídica al Instituto Nacional del Agua, el gobierno nacional fusionó el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). Según el ministro de Desregulación, la medida “permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.

El Servicio Geológico Minero Argentino se ocupa del estudio de volcanes y trabaja junto a provincias y empresas en la exploración de diferentes minerales, entre otras cuestiones. Por su parte, el Instituto de Prevención Sísmica contribuye a minimizar el riesgo de sismos en todo el país a través de la prevención y la resiliencia. Asimismo, brinda asistencia técnica experta y articulaciones con organismos nacionales e internacionales.

En este aspecto, el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, señaló en redes sociales que “fusionar el Inpres con un organismo que poco tiene que ver con la prevención sísmica, significa debilitar las capacidades técnicas y científicas necesarias para la seguridad ciudadana”.

Una de las afirmaciones que utiliza el Ejecutivo para realizar la fusión es el “sobredimensionamiento” del Estado. Sin embargo, en el caso del Inpres no es cierto. De hecho, en 2023, el actual director Rodolfo García pedía la incorporación de personal porque muchos de sus compañeros se jubilaban y no se transmitía el conocimiento a las nuevas generaciones. Además de las complicaciones presupuestarias para sumar investigadores, los especialistas que podían ingresar al organismo eran muy demandados por el sector privado, que ofrecía mejores salarios.

La misma situación se da en el INA. “La verdad es que somos cada vez menos. Hace 15 años que venimos teniendo limitaciones presupuestarias muy grandes. Nuestra misión es científica y técnica, entonces es imprescindible que se vaya incorporando gente joven para capacitarla y comprometerla con nuestra función. Sin embargo, eso se fue haciendo cada día más difícil por un montón de razones”, advierte Borús ante la Agencia. De hecho, el investigador continúa su labor en el Instituto a pesar de estar jubilado hace un año.

Frente a este panorama, algunos especialistas advierten que la medida del gobierno nacional apunta a desregular el sector minero y que las empresas extranjeras que inviertan en el sector no tengan ningún tipo de control sobre su actividad.