La nueva norma busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Además, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina. También, estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031.
Al mismo tiempo, para rebatir el argumento oficialista sobre la desestabilización fiscal, esta Ley no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.
Si bien todavía no lo anunció de manera formal, todo indica que el presidente vetará de nuevo el financiamiento de las universidades. A partir de ahí, el proyecto vuelve al Congreso, quien puede rechazar la decisión del Ejecutivo y, finalmente, sancionar la norma. En caso de que el gobierno nacional obtenga el triunfo, rectores y decanos analizan la posibilidad de realizar una consulta popular, mecanismo establecido por la Constitución. La diferencia radica en que, en caso de que el proyecto se apruebe por la mayoría de los votantes, se convierte automáticamente en Ley.
La ciencia también sonríe
Además de aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento, en una sesión maratónica, la Cámara de Senadores rechazó los decretos que transformaban a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Regulatoria del Cáñamo (ARICCAME) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“Significó un triunfo enorme derrotar los decretos del gobierno nacional que intervenían, reestructuraban y modificaban a diferentes organismos e instituciones para reducirlos y destruirlos. Esto es el resultado de un año y medio de discusión, articulación y lucha entre distintos sectores”, sostiene Santiago Liaudat, referente de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
Sin embargo, el gobierno nacional se encargó de opacar la alegría. Frente al revés que sufrió por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial (donde una jueza de San Martín dictó una medida cautelar para que el gobierno no aplique el decreto que modificaba al INTA), el ministerio de Economía firmó el pase a disponibilidad de más de 350 trabajadores del propio INTA, del Instituto Nacional de Semillas y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En concreto, el pase a disponibilidad supone el paso previo al despido definitivo.
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