¿Qué sigue para las universidades públicas después del veto presidencial?

El proyecto de Ley deberá volver al Congreso y la comunidad educativa prepara una nueva Marcha Federal.

El presidente de la Nación vetó por segundo año consecutivo la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la nueva norma no afecta al equilibrio fiscal y estipula de dónde sacar los fondos, el gobierno eligió la excusa del aumento del gasto público, la inflación y la pobreza. “Dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, argumentaron en el Boletín Oficial. Ahora, el trámite deberá volver al Congreso de la Nación. Allí, los legisladores tendrán la oportunidad de rechazar el veto, como lo hicieron con el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Mientras tanto, los trabajadores docentes y no docentes realizarán este viernes un paro de 24 horas en todas las Casas de Altos Estudios y la comunidad educativa prepara la tercera Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados.

“Teníamos la esperanza de que el Poder Ejecutivo entienda que esto no genera ningún déficit. No es cierto lo que dicen desde el gobierno. Ahora convocamos a la conciencia nacional de los diputados para que acompañen la Ley”, dijo Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conferencia de prensa.

Desde el gobierno nacional advirtieron que la implementación de la Ley implicaría un costo superior a un billón de pesos y que promulgar la medida “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas” del país. Sin embargo, el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, resaltó en conferencia de prensa que esa inversión es del 0,14 por ciento del PBI.

“Necesitamos con urgencia que el Congreso pueda sostener la Ley cuando trate el veto. La educación superior no es un gasto, es una inversión. Vamos a trabajar de aquí a la sesión para sensibilizar a los legisladores y conversar con la sociedad argentina sobre la importancia del proyecto”, agregó Bartolacci.

El tratamiento en la Cámara de Diputados todavía no tiene una fecha establecida. No obstante, se estima que podría ser el miércoles 17 o el miércoles 24 de septiembre. Allí, para lograr el primer paso y seguir adelante, los legisladores deberán reunir dos tercios de los votos. Si eso sucede, el proyecto original pasará a la Cámara de Senadores, quienes podrán voltear o confirmar la decisión del Ejecutivo. De lo contrario, el veto se ratificará y el gobierno nacional obtendrá otra victoria.

Por lo pronto, durante la jornada del jueves se desarrollan diferentes acciones de visibilización en todas las universidades públicas del país, y mañana todos los gremios realizarán un paro de 24 horas. Además de la conferencia de prensa realizada por el CIN, diferentes personalidades, facultades y universidades ya se expresaron en redes sociales.

Por ejemplo, el abogado Andrés Gil Domínguez sostuvo que el veto es inconstitucional ya que “atenta directamente contra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, lesiona el derecho de enseñar y aprender tanto en la faz individual como colectiva, y configura un nuevo ejemplo de ejercicio de poder autocrático en materia económica y financiera”. A su vez, remarcó que los argumentos que utiliza el gobierno “carecen de sustento real”.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ya convocaron a un “gran abrazo”, que se realizará en la previa de la tercera Marcha Federal Universitaria. En el caso de las universidades nacionales de Tierra del Fuego y Quilmes, ambas publicaron videos en redes sociales bajo el lema es “Sigamos siendo lo que somos”.