Treinta meses en terapia intensiva: una radiografía del sistema sanitario nacional

El presupuesto para el sector tuvo una caída real cercana al 35 por ciento. Además, el gobierno despidió a más de 1500 trabajadores y destruyó políticas emblemáticas como el Plan Remediar.

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Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional comenzó a desligarse de todas las responsabilidades que le competen en salud. Aunque no pudo privatizar el sistema, su política consistió en desregular y desfinanciar lo máximo posible. Al ajuste presupuestario que lleva adelante en casi todas las áreas del Estado, hay que sumarle algunos hitos particulares del sector. 

En casi 30 meses, el Ejecutivo despidió a más de 1500 trabajadores y cerró distintos programas del Ministerio de Salud como el Plan ENIA, orientado a reducir el embarazo adolescente. También, quitó más del 95 por ciento de los medicamentos que formaban parte del Plan Remediar, dejó sin vacunas a diferentes regiones del país, colaboró con la caída histórica en los índices de inoculación y salió de la Organización Mundial de la Salud. Como si fuera poco, amenaza con reformar la Ley de Salud Mental e incumple la Ley de Emergencia Pediátrica, que fue aprobada y suspendida al mismo tiempo.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Pablo Maciel, médico clínico y secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), destaca: “El gobierno nacional provocó una crisis de tal magnitud que busca poner en discusión a la salud como un derecho humano. Argentina tiene una historia que se construyó a partir de Ramón Carrillo (considerado como el padre de la medicina social en el país), pero el Ejecutivo intenta cambiar el paradigma para convertirla en una mercancía y que la gente tolere que una persona se muera si no puede pagar la atención médica. En el fondo, la discusión es sobre qué tipo de sociedad quieren construir”.

Despidos y cierres

Desde diciembre de 2023, la política sanitaria comenzó con cambios en la renovación de contratos, que pasaron de ser anuales a trimestrales. Aunque parece un detalle, la reducción le otorgó un marco de incertidumbre e inestabilidad a miles de profesionales de la salud. El primer gran golpe fue a mediados de 2024 cuando despidieron a 92 trabajadores del Hospital Posadas, considerado el más grande de Argentina, que atiende a más de 10 mil pacientes por día. 

Esos profesionales, que tenían hasta 30 años de antigüedad, eran kinesiólogos, neumonólogos, endocrinólogos, referentes en anatomía patológica y citología. Incluso, echaron a la única persona del Hospital que se dedicaba a la biología molecular hemato-oncológica y procesaba las muestras de los enfermos con leucemia y linfoma.  

Lo que aún significa más, en el primer boletín oficial de 2025 el ministerio de Salud oficializó el cierre de 14 direcciones y coordinaciones: la Dirección de Géneros y Diversidad, la Dirección Nacional de Recursos Físicos, la Dirección de municipios y comunidades saludables, la Dirección de Investigación en Salud, la Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria, la Coordinación de Salud Familiar, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, la Coordinación de Uso Apropiado de Antimicrobianos, la Coordinación de Zoonosis, la Coordinación de Tuberculosis y Lepra, la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección de Integración de Información Sanitaria y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios. 

La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) se encargaba de distribuir la medicación oncológica y los fármacos para enfermedades raras y poco frecuentes. Aunque su disolución fue en 2025, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina denunciaron en su momento que el gobierno interrumpió la atención a comienzos de 2024 y que la demora en la provisión de medicamentos provocó al menos 60 fallecidos hasta comienzos de 2025. 

Profesionales de la salud realizaron un paro y un abrazo al Hospital Garrahan

Ese mismo enero, el ministro de Salud Mario Lugones anunció el despido de 1400 trabajadores más que cumplían labores en el ministerio de Salud, PAMI, diferentes hospitales e institutos. A su vez, efectivizó la salida de 360 integrantes de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

En marzo de 2025, la situación empeoró todavía más. Ante la falta de respuesta oficial y la política de vaciamiento, los profesionales que habían quedado en esas áreas diezmadas renunciaron de forma masiva. Por ejemplo, en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que se ocupaba de garantizar la calidad, seguridad y distribución de las vacunas en todo el país, quedaron áreas con solo tres médicos.

“No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente”, escribió un grupo de médicos en una carta enviada a Lugones.

Lejos de detenerse, la motosierra siguió funcionando. En este sentido, la cartera sanitaria disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical y cerró el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que marcó un hito en el campo de las políticas públicas vinculadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y en América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, fue “la primera política que abordó el problema del embarazo no intencional en la adolescencia con un enfoque basado en derechos, género y equidad social”. Entre 2019 y 2022, el Plan ENIA evitó más de 93 mil embarazos adolescentes no intencionales. 

Además, el gobierno nacional avanzó con más despidos en el Hospital Posadas y en el Hospital Garrahan, al tiempo que decretó el cierre y la fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán. En este aspecto, desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología advirtieron que “no hubo transferencias de recursos ni de capacidades operativas, lo que afectó la capacidad en investigación, diagnóstico y producción de biológicos de Argentina”.

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Presupuestos paupérrimos

Los despidos y el cierre de institutos y programas estuvieron acompañados de una caída sin precedentes en el presupuesto de Salud. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud tuvo una caída real del 34 por ciento. “Este patrón no solo refleja una reducción del gasto, sino también una pérdida de capacidad de gestión y de rectoría del sistema por parte del Estado nacional”, destacaron.

Al mismo tiempo, señalaron, “la reducción del gasto se ve agravada por una subejecución persistente de los créditos vigentes, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, el sostenimiento de efectores públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales. Esta dinámica contribuye a desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias”. 

Entre otros casos, el presupuesto para el Programa de VIH se redujo cerca del 50 por ciento en 2024, mientras que en 2025 el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles cayó un 30 por ciento, lo que afectó partidas directamente asociadas a la distribución de vacunas del Calendario Nacional. Por su lado, el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” sufrió una reducción del gasto superior al 45 por ciento entre 2023 y 2026. A su vez, las transferencias del ministerio de Salud al Hospital El Cruce disminuyeron alrededor de un 25 por ciento en ese lapso.

Probablemente, el impacto más concreto se vea en el PAMI, la obra social más grande de América Latina, que tiene a cargo más de cinco millones de jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas. Allí, un documento elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que las transferencias de recursos nacionales a la entidad sufrieron una caída real del 54,4 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación al mismo período de 2025. 

Entre otras consecuencias, los jubilados tienen cada vez menos médicos para atenderse porque los honorarios que tienen son muy bajos. De esta manera, tardan más tiempo en conseguir turnos y tienen que recorrer mayores distancias para realizar las consultas. También, la caída del presupuesto impidió la normal provisión de medicamentos para sus afiliados.

Infancias en peligro: sin vacunas y un sistema colapsado

Dentro del sistema sanitario y todo lo que lo engloba, uno de los sectores más perjudicados son los niños y los adolescentes. En este sentido, el panorama se compone de bajas tasas de vacunación, déficit de consultas médicas, baja cobertura a través de obras sociales, mutuales o prepagas, y una estructura pública colapsada, con servicios de pediatría desbordados, guardias sin cubrir y vacantes en residencias que no logran completarse.

En el caso de las vacunas, las coberturas muestran en la última década una tendencia general en descenso. Sin embargo, hay una preocupación especial en los niños y los adolescentes. Por ejemplo, aunque la cobertura en embarazadas aumentó del 62 por ciento en 2015 al 69 por en 2024, aún quedan 138 mil gestantes sin recibir su dosis correspondiente. Esto pone en riesgo la protección pasiva de los recién nacidos, particularmente frente al coqueluche, principal causa de mortalidad prevenible en lactantes menores de dos meses.

En recién nacidos, las coberturas para vacunas Hepatitis B y BCG disminuyeron hasta ocho puntos porcentuales respecto a 2015. En el primer semestre de vida, alrededor de 115 mil bebés no recibieron la quíntuple y la poliomielitis inactivada. A su vez, entre 80 mil y 100 mil niños no recibieron ninguna de las vacunas aplicadas en el primer año de vida: quíntuple, polio, SRP, neumococo y hepatitis A.

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La vacuna triple viral, que se da a los cinco años, presenta un retroceso alarmante: de una cobertura del 90 por ciento entre 2015 y 2019, descendió al 46 por ciento en 2024, lo que incrementa significativamente el riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola. Por su parte, la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) que se da a los 11 años, fundamental para prevenir coqueluche en lactantes menores, registra un retroceso del 82 por ciento al 54 por ciento en 2024.

“En Argentina, los datos de coberturas de vacunación del Calendario Nacional confirman que ninguna vacuna del calendario alcanzó la cobertura óptima del 95 por ciento recomendada por los organismos internacionales en la última década. Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto”, resaltaron en un comunicado la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En vez de asegurar la distribución de vacunas y promover campañas masivas en todo el país, diferentes miembros del gobierno cuestionaron la seguridad de las vacunas, en especial las relacionadas al covid. Incluso, desde la propia SAP le enviaron al ministro Lugones una carta en abril de 2026 donde le advirtieron sobre el retraso en la entrega y la falta de disponibilidad de vacunas del Calendario Nacional en distintos puntos del país.

“Cada dosis no administrada pone en riesgo directo la vida de un niño y compromete la seguridad de la comunidad. Consideramos fundamental contar con una distribución oportuna y eficiente de las vacunas, que permita sostener la confianza de la comunidad y evitar interrupciones en los esquemas de inmunización en un contexto de reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles, como sarampión y coqueluche, en el país y la región”, sostuvieron desde la Sociedad Argentina de Pediatría.

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Desde 2024 diferentes agrupaciones y sociedades vinculadas a la medicina advierten que la estructura pública está colapsada: los servicios de pediatría están desbordados, hay guardias sin cubrir y vacantes en residencias que no logran completarse. “La sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de condiciones adecuadas para el ejercicio de la pediatría están empujando a muchos profesionales fuera del sistema público, debilitando aún más la estructura sanitaria que atiende a niños, niñas y adolescentes”, alertaron desde la SAP a inicios de 2025.

Frente a esta situación, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud en cuatro oportunidades, pero el gobierno la suspendió con la excusa de cuidar el equilibrio fiscal. Entre otros puntos, la norma propone el acceso de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegura el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y protege los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes. A su vez, fortalece los sistemas de residencias médicas con una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y recompone los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial. 

Este escenario empeora todavía más para los niños y los adolescentes. En este sentido, el Barómetro de la Deuda Social publicado por la Universidad Católica Argentina en abril de 2026 alertó que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos de cada tres en el conurbano bonaerense dependen del sistema de salud público. Al mismo tiempo, señaló que uno de cada cuatro adolescentes no realiza una consulta médica en todo un año.

Salarios bajos, medicamentos altos

Como parte de una política integral orientada a destruir lo público, los trabajadores públicos de la salud atraviesan la misma crisis salarial que los docentes y los científicos. En este aspecto, los médicos y los enfermeros se van al sector privado para ganar un poco más, suman más horas de trabajo en el sector público o tienen “changas” para llegar a fin de mes. En cualquiera de los casos, la consecuencia se traduce en profesionales extenuados con sobrecarga laboral y pluriempleo, con cada vez más dificultades para brindar una atención adecuada a sus pacientes.

Rossio Mariel Alegre Sandoval, directora de la Licenciatura en Enfermería de la UNQ, cuenta en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ cómo es el día a día en el sector: “Siempre el personal de enfermería tuvo más de un trabajo, pero ahora ni así llegan a fin de mes. Muchas revenden ropa, joyas y viandas, o tienen negocios en las casas”. 

En paralelo, las prepagas registraron aumentos muy superiores a la inflación. Un informe del Instituto Argentina Grande reveló en mayo de 2026 que las prepagas acumulaban un incremento del 417 por ciento desde diciembre de 2023, frente al 293 por ciento de inflación en el mismo período. Entre la crisis económica y las subas desmedidas, alrededor de 742 mil personas se quedaron sin cobertura médica y pasaron a depender del sistema sanitario público. 

Por su parte, los medicamentos también suben a un ritmo más elevado que la inflación. Para retratar el panorama, solo en 2024 la facturación de los laboratorios argentinos subió más de 330 por ciento. En ese lapso, la compra de remedios disminuyó un 15 por ciento. Por lo tanto, esto significa que las empresas ganan cada vez más y producen cada vez menos. Mientras tanto, miles de personas interrumpen sus tratamientos porque no pueden pagarlos y el Estado ya no otorga descuentos o beneficios. 

Los números que desnudan la crisis

Los despidos, el cierre de institutos y programas, el desfinanciamiento del PAMI y de los hospitales, la falta de acceso a las vacunas, los bajos salarios y el aumento indiscriminado de las prepagas en treinta meses tiene resultados a la vista. Argentina registró el brote de sarampión más importante de los últimos años, el aumento de casos y fallecidos por tos convulsa, la suba de personas con sífilis y el incremento de la mortalidad materna. 

Según un documento publicado por el ministerio de Salud de la Nación, en 2024 aumentó un 37 por ciento la cantidad de mujeres que fallecieron por causas relacionadas al embarazo, el parto o el puerperio. Esta cifra representa el valor más alto desde 2010. También, ese informe señala el aumento de la tasa de mortalidad infantil y neonatal, que escaló de 8 a 8,5 por cada mil nacidos vivos y obtuvo el registro más alto desde 2022.

Con la llegada del frío, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que la falta de planificación nacional en la ejecución de la campaña de vacunación y la quita de los medicamentos del Plan Remediar son algunas de las causas en el aumento de la cantidad de personas con enfermedades respiratorias. “En los hospitales del conurbano bonaerense ya tenemos un 57 por ciento de aumento en las consultas pediátricas por guardia, un 55 por ciento en la ocupación de camas de terapia intensiva pediátricas y un 80 por ciento en adultos”, señaló a través de X. 

Como si no fuera suficiente, el número de personas con diabetes internadas en los hospitales bonaerenses aumentó cerca del 200 por ciento en los últimos dos años. Al mismo tiempo, también subieron las internaciones por enfermedades cardiovasculares y por problemáticas vinculadas a la salud mental. 

En abril pasado, el gobierno nacional hirió de muerte al Plan Remediar, al que le quitó 76 de los 79 medicamentos esenciales que proveía de forma gratuita en el primer nivel de atención. Para tomar dimensión, hasta el momento del anuncio, el programa abastecía a más de 8 mil centros de salud y garantizaba los remedios a más de 20 millones de personas. Sin embargo, el desguace tenía final cantado. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, la dispensa de medicamentos descendió cerca del 70 por ciento en dos años y pasó de 143 mil unidades en 2023 a 42 mil en 2025. 

La Marcha Federal por la Salud, que se replicó en diferentes puntos del país, fue un grito de auxilio que unió a miles de trabajadores. Como un paciente en terapia intensiva, el gobierno nacional puso al sistema sanitario contra las cuerdas y sus signos vitales ya muestran fallas.