
“La dictadura del ‘55 intentó poner un manto del olvido a los fusilamientos de José León Suárez y, en gran parte, lo logró. Contó otra historia en el sistema educativo y en los medios de comunicación, y fue esa impunidad la que abrió las puertas al infierno que fue la dictadura del ‘76”, cuenta Palacio. Y continúa: “La sentencia reconoció finalmente que esos crímenes fueron delitos de lesa humanidad y que, si bien los responsables fallecieron, la pena que les hubiese correspondido es la de prisión perpetua”.
Alberto “Pepe” Palacio nació en San Martín, es abogado especializado en derechos humanos y director de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM. Entre otras cosas, dirige el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de San Martín y representa a la familia de Diego Duarte, que desapareció en 2004 en la planta del CEAMSE de José León Suárez cuando tenía 15 años. En 2022, junto con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, presentó la denuncia por los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados por miembros de la policía bonaerense en 1956. “Llevamos adelante esta causa por la formación que tenemos, pero también por un compromiso social, político, ético y militante. Este hecho fue un golpe muy duro para toda la sociedad pero, en especial, para el pueblo peronista que fue perseguido durante los años siguientes”, confiesa.
Según detalla, no hay ninguna explicación técnica ni judicial de por qué se tardó 70 años en judicializar este hecho. Una vez presentada la denuncia, se reunieron las pruebas necesarias para demostrar que el allanamiento realizado la noche del 9 de junio de 1956 en una localidad de Florida, el secuestro de doce personas y el fusilamiento de cinco de ellas fueron ilegales. Esa noche fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir.
El abogado detalla ante la Agencia que ya había pruebas que estaban documentadas, como la investigación de “Operación Masacre” de Rodolfo Walsh. También, se incluyeron “Historia de una investigación” de Enriqueta Muñiz, que es el registro de las entrevistas que hizo Walsh; “El presidente duerme” de Daniel Brion, quien es hijo de Mario, uno de los fusilados; e investigaciones que hizo el historiador Roberto Baschetti. En el Juicio por la Verdad, también hubo documentaciones que no habían sido abiertas y se contó con el testimonio del sobreviviente Juan Carlos Livraga, que tiene 96 años y está en Estados Unidos.
“Logramos demostrar por qué era inconstitucional que se aplique de manera retroactiva la Ley Marcial. También, aparecieron otras cosas interesantes como, por ejemplo, identificar por qué esa noche se encontraban todos los jóvenes reunidos en la casa de Horacio Di Chiano”, relata Palacio. Y continúa: “Ese era uno de los pocos hogares del barrio que tenía teléfono en ese momento y estaban esperando el llamado que avise que los generales Juan José Valle y Raúl Tanco habían tenido éxito en el levantamiento en pos de la democracia”. Ese sublevación fue frustrada y días más tarde Valle fue fusilado, mientras que Tanco logró su exilio.
Finalmente, en el juicio, la magistrada encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Asimismo, el fallo atribuyó responsabilidades tanto a las máximas autoridades de la dictadura de entonces, encabezadas por Aramburu y Rojas, como a los funcionarios policiales que llevaron adelante el operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno.
Palacio manifiesta: “La sentencia era esperada pero, de todas maneras, sorprendió. Es emocionante y conmovedor saber que la pena que les correspondía a los culpables era la de prisión perpetua”. Entre las medidas reparatorias, está la creación de un “sitio de la memoria” en el predio donde sucedieron los fusilamientos, y la inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares del sistema educativo nacional y bonaerense.
Una escuela con memoria
En el juicio, también estuvieron presentes los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM. El director cuenta: “La escuela está en el área de Reconquista, el territorio más popular de San Martín, y a pocas cuadras de donde ocurrieron los hechos. Una forma que encontramos de acompañar a los pibes y las pibas en su trayectoria educativa es que puedan intervenir en la reparación de situaciones de vulneración que viven en sus barrios. En este caso, hicieron pañuelos que fueron regalados a los familiares donde se invitaba a ver la realidad a través de los lentes de Rodolfo Walsh.”.

